jueves, 12 de noviembre de 2009

El arquitecto Sotelino pagó 60.000 euros a la hija del alcalde de Águilas, pero fue por la compra de un barco

Los policías judiciales dejan libres al urbanista y a un empresario, socio suyo, tras confirmar sus coartadas
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA / La Verdad
Ayer recogieron velas, pero nadie sabe cuando volverán a poner proa hacia la costa de Murcia. Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA), de la Policía Nacional, que se han desplazado esta semana a la Región con la intención de asestar otro golpe policial dentro del caso Zerrichera, abortaron la operación y regresaron ayer a su cuarteles. A la espera de nuevos datos que, si acaban surgiendo, pudieran permitirles reactivar el asunto.
El principal damnificado en este nuevo arreón de los UDEF-BLA ha sido el ex arquitecto municipal de Águilas, Jorge Sotelino Vico, actual propietario de un gabinete urbanístico de éxito, quien ha permanecido detenido más de 24 horas en dependencias policiales. Sotelino es redactor de algunos de los principales proyectos urbanísticos de Águilas y ha colaborado con los empresarios Trinitario Casanova, impulsor del plan parcial Zerrichera, y Sebastián Fernández Rabal, imputado en el caso Zerrichera.
Fuentes próximas a la investigación han señalado que los policías anticorrupción habían descubierto el ingreso de unos 60.000 euros por parte de este arquitecto a la cuenta bancaria de una hija del alcalde Juan Ramírez. Sospechando que pudiera tratarse de un posible pago por algún favor urbanístico -esto es, un supuesto que habría podido obtener la calificación penal de cohecho-, los agentes procedieron a detener y a interrogar a Sotelino.
Así lo desveló ayer en exclusiva el periódico La Verdad. Ayer se conoció que, además de la detención del ex arquitecto municipal, había sido arrestado un empresario, vinculado a Sotelino y socio de éste en determinados proyectos urbanísticos.
El interrogatorio al arquitecto ofreció, sin embargo, unos datos con los que los policías no contaban a priori. En concreto, y según las mismas fuentes, Sotelino explicó que el ingreso de 60.000 euros respondía a la compra de un barco de recreo y de un punto de amarre en el club náutico, dos propiedades que la hija del alcalde le habría transferido.
Durante unas horas, a lo largo de la mañana de ayer, los policías realizaron diversas gestiones dirigidas a determinar si las explicaciones del sospechoso tenían una base cierta o, al contrario, sólo constituían un intento de desviar la atención de los especialistas policiales.
Cuando los datos aportados por Sotelino comenzaron a confirmarse como verosímiles, los agentes pusieron los hechos en conocimiento del juez instructor del caso Zerrichera, Antonio Alcázar, y éste coincidió con los policías en que, en esa tesitura, lo único razonable era dejar en libertad, y con la mayor rapidez posible, a ambos detenidos. Minutos después abandonaban las dependencias de la Jefatura Superior de Policía de Murcia, en la que había permanecido 24 horas.
En busca de más pruebas
La investigación de los agentes de Madrid, que trabajan estrechamente con los especialistas de la UDEV de Murcia, se dirige ahora a analizar la documentación intervenida en los registros practicados en la vivienda y en el despacho profesional de Vitelino, así como a la búsqueda de nuevas pruebas que permitan reorientar la investigación. «Esto se ha parado, pero nadie sabe por cuánto tiempo», señalaba ayer una fuente muy próxima al proceso.

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