Valcárcel encabeza el rechazo de las comunidades del PP a la ampliación de la interrupción voluntaria del embarazo
06.07.10 - 02:06 -
J. MOLLEJO/A. NEGRE MURCIA.
06.07.10 - 02:06 -
J. MOLLEJO/A. NEGRE MURCIA.
La nueva ley del aborto, que amplía las posibilidades para la interrupción voluntaria del embarazo, encalló ayer en la Región de Murcia en el primer día de su entrada en vigor. El Gobierno autónomo, según un portavoz oficial, no tiene intención de aplicar la norma mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP contra ella, y el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, se puso a la cabeza del rechazo de las comunidades populares.
Otros gobiernos regionales del PP expresaron sus reservas hacia la nueva ley, basada en un sistema de plazos que permite el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, pero ninguno habló con la claridad del mandatario murciano.
Fue a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada ayer por la mañana en Madrid. A preguntas de los periodistas, Valcárcel aseguró que «no hay razones para acatar» la nueva ley del aborto, puesto que la norma «todavía no está en su punto final».
Las declaraciones del presidente regional generaron reacciones públicas a favor y en contra, y fueron resaltadas por todos los medios de comunicación del país como el pronunciamiento político más contundente contra la nueva norma.
Suspensión cautelar
El Gobierno regional remachó horas después las declaraciones de Valcárcel: «Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad aquí no se va a aplicar la ley», indicó una fuente oficial.
Dicho recurso, presentado por el PP, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y en él se solicita la suspensión cautelar de la ley hasta que haya sentencia.
«Es una ley que no nos gusta, no es ningún secreto», añadió la misma fuente, y «mientras haya un solo resquicio que nos lo permita no la vamos a aplicar».
El Gobierno regional esgrime otros precedentes de leyes estatales que son «sistemáticamente incumplidas por las comunidades autónomas» para justificar su decisión, y cita el caso de la norma que obliga a impartir un mínimo de horas de clase en castellano y que el Gobierno tripartito catalán ignora.
Además de interrumpir el embarazo libremente en las primeras catorce semanas de gestación, la nueva ley permite abortar sin consentimiento paterno a las menores de entre 16 y 18 años de edad, aunque tendrán que informar a sus padres si quieren abortar, «acreditar» con un «documento» ante el médico que han cumplido con este requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención.
El Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel expone otras razones, no sólo de carácter político y jurídico, para respaldar su decisión de no aplicar la nueva ley en la Región de Murcia.
La Consejería de Sanidad informa de que ninguna de las cinco clínicas privadas y concertadas que practican abortos en la Región de Murcia -en los centros públicos no se llevan a cabo porque el 100% de los especialistas médicos son objetores- están aún acreditadas para poder aplicar los casos recogidos en la nueva ley. Para acreditarse ante la Consejería tienen cuatro meses de plazo.
Además, el departamento de María Ángeles Palacios alega que necesita más tiempo para cumplir con ciertos preceptos de la norma, como la necesidad de informar sobre otras alternativas a las mujeres que soliciten abortar. «Recibimos a finales de junio 150 folios del Ministerio para cumplir con el deber de información y no nos ha dado tiempo para preparar la documentación necesaria», indica un portavoz de la Consejería.
Lo que sí que se ha creado en Murcia es el comité clínico, otra de las novedades de la ley y formado por dos ginecólogos y un pediatra, que deberá decidir en los casos especiales de interrupción del embarazo más allá de las catorce primeras semanas.
Sin embargo, estos profesionales han detectado ciertos problemas a la hora de aplicar la norma, por lo que la Consejería de Sanidad ha solicitado al Ministerio información adicional sobre estas cuestiones, sin que hasta ahora haya recibido contestación.
«Ha habido demasiadas prisas por poner en marcha una ley tan importante y compleja como esta, y no lo entendemos, porque se necesita tiempo para cumplir con todo lo que se establece», apuntan desde la Consejería para justificar el hecho de que las murcianas no puedan acogerse a una norma aprobada por las Cortes y sancionada y promulgada por el Rey.
Tribunales de Justicia
Al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ni siquiera se le pasó por la cabeza ayer que pueda haber comunidades autónomas, como la Región de Murcia, que se nieguen a acatar la ley.
«Estoy convencido de que las comunidades autónomas aplicarán esta ley como aplican todas las leyes en el Estado de Derecho, y, de no ser así, los ciudadanos lo harán valer ante los tribunales de Justicia, porque las leyes nos comprometen y nos vinculan a todos, a los ciudadanos y a los poderes públicos», señaló el ministro en declaraciones recogidas por 'Efe'.
Caamaño defendió la nueva ley del aborto porque «homologa a España con otros muchos países» en esta materia. En una rueda de prensa ofrecida en Vigo, el ministro añadió que esta norma «es una muy buena ley» que «trae seguridad donde antes no la había, da derechos a las mujeres y ha sido aprobada por las mayorías exigidas democráticamente por el Parlamento». «En mi opinión es una Ley plenamente constitucional», aseguró.
Las reacciones en contra, además de la expresada por el presidente de la Región de Murcia, partieron en su mayor parte de las filas del PP. Sin llegar al límite expuesto por Valcárcel, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid manifestó su intención de «proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». Mientras que la Xunta de Galicia, por su parte, anunció que no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto de Gobierno central, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de la entrada en vigor de la ley.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel, explicó que las comunidades que gobiernan los populares «harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información» que necesiten ante embarazos no previstos.
Otros gobiernos regionales del PP expresaron sus reservas hacia la nueva ley, basada en un sistema de plazos que permite el aborto en las primeras catorce semanas de gestación y hasta la semana 22 en caso de problemas graves para la madre o el feto, pero ninguno habló con la claridad del mandatario murciano.
Fue a la salida de la Junta Directiva Nacional del PP, celebrada ayer por la mañana en Madrid. A preguntas de los periodistas, Valcárcel aseguró que «no hay razones para acatar» la nueva ley del aborto, puesto que la norma «todavía no está en su punto final».
Las declaraciones del presidente regional generaron reacciones públicas a favor y en contra, y fueron resaltadas por todos los medios de comunicación del país como el pronunciamiento político más contundente contra la nueva norma.
Suspensión cautelar
El Gobierno regional remachó horas después las declaraciones de Valcárcel: «Mientras no se resuelva el recurso de inconstitucionalidad aquí no se va a aplicar la ley», indicó una fuente oficial.
Dicho recurso, presentado por el PP, ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional y en él se solicita la suspensión cautelar de la ley hasta que haya sentencia.
«Es una ley que no nos gusta, no es ningún secreto», añadió la misma fuente, y «mientras haya un solo resquicio que nos lo permita no la vamos a aplicar».
El Gobierno regional esgrime otros precedentes de leyes estatales que son «sistemáticamente incumplidas por las comunidades autónomas» para justificar su decisión, y cita el caso de la norma que obliga a impartir un mínimo de horas de clase en castellano y que el Gobierno tripartito catalán ignora.
Además de interrumpir el embarazo libremente en las primeras catorce semanas de gestación, la nueva ley permite abortar sin consentimiento paterno a las menores de entre 16 y 18 años de edad, aunque tendrán que informar a sus padres si quieren abortar, «acreditar» con un «documento» ante el médico que han cumplido con este requisito y acudir acompañadas de un tutor a la intervención.
El Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel expone otras razones, no sólo de carácter político y jurídico, para respaldar su decisión de no aplicar la nueva ley en la Región de Murcia.
La Consejería de Sanidad informa de que ninguna de las cinco clínicas privadas y concertadas que practican abortos en la Región de Murcia -en los centros públicos no se llevan a cabo porque el 100% de los especialistas médicos son objetores- están aún acreditadas para poder aplicar los casos recogidos en la nueva ley. Para acreditarse ante la Consejería tienen cuatro meses de plazo.
Además, el departamento de María Ángeles Palacios alega que necesita más tiempo para cumplir con ciertos preceptos de la norma, como la necesidad de informar sobre otras alternativas a las mujeres que soliciten abortar. «Recibimos a finales de junio 150 folios del Ministerio para cumplir con el deber de información y no nos ha dado tiempo para preparar la documentación necesaria», indica un portavoz de la Consejería.
Lo que sí que se ha creado en Murcia es el comité clínico, otra de las novedades de la ley y formado por dos ginecólogos y un pediatra, que deberá decidir en los casos especiales de interrupción del embarazo más allá de las catorce primeras semanas.
Sin embargo, estos profesionales han detectado ciertos problemas a la hora de aplicar la norma, por lo que la Consejería de Sanidad ha solicitado al Ministerio información adicional sobre estas cuestiones, sin que hasta ahora haya recibido contestación.
«Ha habido demasiadas prisas por poner en marcha una ley tan importante y compleja como esta, y no lo entendemos, porque se necesita tiempo para cumplir con todo lo que se establece», apuntan desde la Consejería para justificar el hecho de que las murcianas no puedan acogerse a una norma aprobada por las Cortes y sancionada y promulgada por el Rey.
Tribunales de Justicia
Al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ni siquiera se le pasó por la cabeza ayer que pueda haber comunidades autónomas, como la Región de Murcia, que se nieguen a acatar la ley.
«Estoy convencido de que las comunidades autónomas aplicarán esta ley como aplican todas las leyes en el Estado de Derecho, y, de no ser así, los ciudadanos lo harán valer ante los tribunales de Justicia, porque las leyes nos comprometen y nos vinculan a todos, a los ciudadanos y a los poderes públicos», señaló el ministro en declaraciones recogidas por 'Efe'.
Caamaño defendió la nueva ley del aborto porque «homologa a España con otros muchos países» en esta materia. En una rueda de prensa ofrecida en Vigo, el ministro añadió que esta norma «es una muy buena ley» que «trae seguridad donde antes no la había, da derechos a las mujeres y ha sido aprobada por las mayorías exigidas democráticamente por el Parlamento». «En mi opinión es una Ley plenamente constitucional», aseguró.
Las reacciones en contra, además de la expresada por el presidente de la Región de Murcia, partieron en su mayor parte de las filas del PP. Sin llegar al límite expuesto por Valcárcel, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid manifestó su intención de «proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». Mientras que la Xunta de Galicia, por su parte, anunció que no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto de Gobierno central, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de la entrada en vigor de la ley.
La portavoz de Política Social del PP, Sandra Moneo, preguntada por las declaraciones de Valcárcel, explicó que las comunidades que gobiernan los populares «harán el máximo esfuerzo por ofrecer a las mujeres y jóvenes toda la información» que necesiten ante embarazos no previstos.
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