El TSJ salva el 'caso Tótem' al fijar la validez de las pruebas

Pese a que las escuchas al diputado Juan Morales fueron anuladas, el resto de la instrucción sirve y todo apunta a que se sentará en el banquillo 

Uno de los indicios más importantes es el viaje que hizo a Vigo para verse con el promotor

04.11.10 - 01:41 - 

RICARDO FERNÁNDEZ | MURCIA./ la Verdad

En el banquillo de los acusados de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia parece haber ya un lugar reservado para el ex alcalde popular de Totana y actual diputado del Grupo Mixto en la Asamblea Regional, Juan Morales. El parlamentario, imputado en el 'caso Tótem' de presunta corrupción urbanística, mantiene sobre sus espaldas buena parte de las pruebas recabadas durante la investigación del caso, que a lo largo de tres años se han repartido el Juzgado de Instrucción número 1 de Totana y el magistrado del TSJ Julián Pérez-Templado.

Pese a que el pasado julio la Sala de lo Penal declaró la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas contra Juan Morales, que por tener la condición de aforado no podía sufrir ese tipo de investigación por decisión de un juzgado de instrucción, Pérez-Templado acaba de dictar un auto por el que se mantiene la validez del resto del material probatorio. Una circunstancia que va a permitir sostener la imputación contra el diputado por una docena de cargos: dos delitos de cohecho, dos de negociaciones prohibidas a los funcionarios, otro de tráfico de influencias, otro de prevaricación, otro de falsedad documental, otro de fraude, dos de malversación de caudales públicos, otro de blanqueo de capitales y un último de infidelidad en la custodia de documentos.

En concreto, el hecho más grave que se le atribuye es haber tratado de cobrar una comisión de 3,6 millones de euros a una constructora gallega que planeaba construir unas 5.000 viviendas y un campo de golf en el paraje totanero de El Raiguero.

La defensa de Juan Morales, representada por el abogado José María Caballero Salinas, pretendía que prácticamente toda la investigación contra su cliente fuera declarada nula, al considerar que la mayor parte de las pruebas eran consecuencia de los pinchazos telefónicos ilegales. En virtud de la doctrina jurídica conocida como los 'frutos del árbol envenenado', todo el material probatorio que tenga su origen en una prueba ilícita tiene que ser necesariamente invalidado.

El magistrado felicita expresamente a Caballero Salinas «por el extraordinario esfuerzo realizado y por su gran calidad», pero razona, sin embargo, que el aforamiento del que gozan los diputados, entre otros cargos públicos, «es un privilegio contrario al principio constitucional de igualdad», que es por tanto una figura «discriminatoria y por ende odiosa» y que merece «una aplicación restrictiva».

También reseña los principios de conservación del acto jurídico y de preeminencia del juicio oral sobre la fase instructora, de tal forma que considera que la anulación de pruebas debe ser decidida de manera restrictiva y que deberá ser en el juicio oral donde se valore el peso de los elementos probatorios existentes.

Reunión clave en Vigo

Establece Pérez-Templado que la mayor parte de las pruebas existentes contra Juan Morales fueron obtenidas por vías distintas a la intervención de su teléfono, como lo fueron conversaciones entre otros imputados. Entre esas pruebas destaca una que tiene una importancia considerable: el viaje que Juan Morales, su amigo Gabriel Martínez Navarro y el intermediario José Antonio Alcántara realizaron a Vigo, con el fin de reunirse con el promotor Manuel Núñez Arias y, supuestamente, de negociar el pago de la comisión citada.

El desplazamiento fue controlado en todo momento por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, y constituye una de las principales pruebas de cargo contra Morales y su presunto intento de cobrar ilícitamente 3,6 millones de euros. Como señala el magistrado en su auto, «no tiene explicación inocente que meses después de que Morales haya abandonado la Alcaldía y por tanto el control de los temas inmobiliarios del Ayuntamiento de Totana, Núñez reciba y hable con aquél y con su íntimo amigo Gabriel», aunque en cualquier caso le insta a que «si tiene una explicación convincente», la aporte en el juicio.

Pérez-Templado mantiene también las imputaciones contra gabriel Martínez Navarro, Manuel Núñez Arias, María del Carmen Jordán y Juan Antonio Álvarez, José Miguel Martínez Soler, Fulgencio Marín Bravo, José Antonio Carrocera García y Pablo José Maceira.