El ministro Francisco Caamaño y el presidente de la Comunidad Autónoma lo anunciarán hoy tras una reunión en Madrid
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La Comunidad Autónoma comenzará a ejercer las competencias de Justicia a partir del 1 de enero de 2011. Precisamente, para dar el último empujón, hoy se reúnen en Madrid el ministro de Justicia, Francisco Caamaño; el presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel; la consejera de Presidencia y Administraciones Públicas, María Pedro Reverte, y el presidente de la Comisión de Transferencias de Justicia de la Asamblea Regional y futuro consejero, Manuel Campos. Hoy se pondrá fecha, pero no habrá firma. En cualquier caso, el Gobierno autonómico empezará a trabajar «meses antes» del día citado, creando previamente la nueva consejería de Justicia, cuyo titular será el fiscal y en la acutalidad diputado del PP, Manuel Campos. Así lo indicó ayer el propio Campos, quien actualmente es diputado regional del PP y presidente de la Comisión de Transferencias de Justicia de la Asamblea Regional.No obstante, apuntó que estaba «pendiente de hablar» con el presidente Valcárcel. De la citada reunión de Madrid saldrá el compromiso final para hacer efectivo el traspaso de competencias, aunque Campos comentó que es seguro que se ejercerán por parte del Gobierno regional desde primeros de año. Campos entrará a formar parte antes del Gobierno regional y se prevé que sea a partir de septiembre cuando se den los primeros pasos para la creación de la nueva Consejería, que podría asumir la dirección general de la Mujer, departamento hoy dependiente de la consejería de Política Social, que dirige Joaquín Bascuñana. La citada transferencia precisará de una dotación económica, que en el caso, por ejemplo, de Asturias, comunidad igualmente uniprovincial, supuso este año un incremento del 36% en el presupuesto de 121 millones de la consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad con respecto al de 2009.Incrementar el gasto no se ajusta a la política de austeridad que asegura seguir Valcárcel en su Gobierno, por lo que es posible que el presidente decida la fusión de algunas consejerías, barajándose la opción de que Sanidad y Política Social vayan juntas.
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