La Verdad
Para pedir la retirada del Cristo, el abogado José Luis Mazón alegó primero que el monumento era del Estado, y después que el castillo lo había heredado de un particular, pero los informes dicen otra cosa
La Administración del Estado se adueñó en 2006 del Castillo de Monteagudo, pero excluyó expresamente el monumento del Sagrado Corazón
Para pedir la retirada del Cristo, el abogado José Luis Mazón alegó primero que el monumento era del Estado, y después que el castillo lo había heredado de un particular, pero los informes dicen otra cosa
La Administración del Estado se adueñó en 2006 del Castillo de Monteagudo, pero excluyó expresamente el monumento del Sagrado Corazón
Estas dos circunstancias -el precedente de la imagen y el que el Estado no responda por ella- abren un interesante debate justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita la petición del abogado José Luis Mazón de que se retire el símbolo religioso porque ocupa un espacio público. En contra de lo que argumentó inicialmente este letrado -cuando se dirigió en febrero al Ministerio de Economía y Hacienda-, la escultura no está a nombre de la Administración estatal.
Para abundar en este apasionante periplo patrimonial conviene reseñar que el Estado ha intentado en varias ocasiones desprenderse o traspasar el famoso cabezo. El Consistorio murciano sigue abierto a un posible convenio con el Servicio de Patrimonio del Estado para hacerse con la propiedad, pero no como una cesión temporal. En los últimos años, las negociaciones han sido infructuosas y el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a enajenar el monte o cederlo al de Cultura. Quien se lo quede, debe acarrear con los gastos de conservación y rehabilitación del castillo y su entorno, lo cual no resulta atractivo en plena crisis económica y puede tener un efecto disuasorio. Al menos, un compás de espera. Pese a lo que figura en varios documentos, el Ayuntamiento considera que el Estado es también el dueño del monumento.
Intentos del Obispado
El Obispado de Cartagena, por su parte, intentó en 1999 hacerse con la propiedad de los terrenos y del Cristo, argumentando que la imagen fue levantada por el Apostolado de la Oración y la Compañía de Jesús, aunque, al parecer, no llevó el caso hasta los tribunales. Tampoco pudo acreditar con papeles que fuera el dueño, más allá de la voluntad expresada en el siglo XIX por María Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, de cederlo a la Iglesia Católica. Y aquí empieza lo más llamativo de la historia.
En la jerga urbanística se alude al 'suelo' y al 'vuelo' de una propiedad. En este caso hay un monumento religioso que no pertenece al Estado. Y que lleva en el sitio ochenta años antes de que el Patrimonio Nacional se adueñara de un inmueble que carecía de dueño, después de una larga investigación: 3.878 metros cuadrados que acogen las ruinas del castillo y otros 8.807 metros cuadrados de la falda del cabezo. El Estado se hizo con unos terrenos sobre el que ya existía un símbolo religioso. Y no al contrario. ¿Si el Cristo no es del Estado, quién lo debería retirar en el caso de que el TSJ de Madrid le diera la razón a José Luis Mazón? ¿El propio Estado? ¿Se trata acaso de un matiz menor, ya que la cuestión de fondo es que la imagen religiosa está ahora sobre un espacio público? Son preguntas que se hacen algunos expertos consultados por este diario.
Todo, menos el Cristo
Si la intención del Ministerio de Hacienda era corregir 150 años de ruina y abandono del castillo, no ha cumplido con esa obligación. Se lo queda, pero no lo conserva, según el Ayuntamiento de Murcia, que señala que el Estado no ha invertido un euro en ese cometido. Sí lo ha hecho el Gobierno regional -según los gastos que certificó en 2003-, que en teoría es el que menos 'vela tiene en este entierro'.
Según la información obtenida por 'La Verdad' del Gobierno central, del Ayuntamiento de Murcia, del Registró de la Propiedad número 1 de Murcia y de la Diócesis, en el expediente de inscripción de las dos parcelas de Monteagudo a favor de la Administración General del Estado se señala expresamente que queda excluido el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de 14 metros de altura y situado en el recinto del castillo.
Probablemente se guió por la máxima de que 'al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios'. Hacienda dedujo que era un bien religioso que no le pertenecía, pero que debía respetar y dejar al margen de las tribulaciones patrimoniales, ignorando que cuatro años después entraría Mazón en escena. Esta exclusión tan sumarial choca con la reclamación que este letrado -miembro de la Asociación Preeminencia del Derecho- dirigió al Ministerio de Hacienda, por ser el Estado «el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa», tal y como figura en dos escritos de 4 y 15 de febrero.
El Estado no heredó
Los demandantes omitieron después la vinculación patrimonial del Estado con el monumento cuando formalizaron su recurso ante el TSJ de Madrid. Hicieron constar que se hacía «un uso inconstitucional de una propiedad especial del Estado como es el Castillo de Monteagudo, sobre el cual existe una monumental estatua del fundador del cristianismo ubicado en tiempos del franquismo más duro». Seguidamente, señalan que la Administración General del Estado «es la propietaria del castillo, propiedad que recibió por herencia de un particular».
Pero los datos que figuran en algunos expedientes administrativos, entre ellos en el Registro de la Propiedad número 1, ofrecen una lectura diferente sobre esa supuesta herencia, que al parecer no es tal. Tras una investigación iniciada en 2004, a raíz de una propuesta de la Delegación de Economía y Hacienda, se concluyó dos años después que el Castillo de Monteagudo «es un inmueble que carece de dueño, perteneciendo, por tanto, a la Administración General del Estado» conforme a la ley de 2003 sobre el Patrimonio de la Administraciones Públicas.
Básicamente, lo que se hizo fue dar un salto registral de 1877 al 2006. Parece que no fue una herencia, como dice Mazón, sino que se inscribió a favor del Estado la cima y la falda del castillo que estaban desde 1877 a nombre de Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, después de un largo proceso en el que se dio audiencia a todas las partes, incluido a un descendiente directo en cuarto grado.
Cederlo a la Iglesia
Cuando el Estado inició en 2004 el expediente para hacerse con la propiedad del castillo, este heredero de la marquesa notificó que la voluntad familiar siempre había sido la de ceder la propiedad a la Iglesia Católica, y que los terrenos nunca formaron parte del lote de la herencia familiar.
Lo que hizo el Estado fue retomar y ampliar un expediente anterior que había iniciado en 1965 y concluido en 1990, sobre el cual la titularidad catastral figuraba a nombre de la Compañía de Jesús y del Ayuntamiento de Murcia, aunque no figuraba en el Inventario de Bienes de la Corporación. En ambos casos se denegó la incripción. Asimismo, el Apostolado de la Oración intentó hacerse con la titularidad basándose en que había levantado el monumento.El Estado sostuvo que la titularidad catastral no supone una prueba de la propiedad.
Obró de por medio una denuncia sobre los 150 años de abandono del castillo; así como una petición del Obispado de Cartagena para que se detuviera la investigación patrimonial. La Diócesis reclamó en el año 2000 la propiedad por prescripción, alegando que habían transcurrido más de 30 años sin que apareciera un dueño. Fue bajo el mandato de monseñor Ureña, pero no pudo presentar pruebas ni título para demostrar la voluntad primaria de Antonia Fernández de Córdoba y al parecer tampoco acudió a los tribunales ordinarios.
Buscando al dueño
El Ayuntamiento, por su parte, comunicó en 2004 que los terrenos no eran propiedad municipal, aunque luego mostró su interés por negociar un convenio con Hacienda para hacerse con todo el lote, Cristo incluido, compartiendo los gastos de conservación.
Siguiendo el rastro del expediente, se consultó a los dueños de las fincas colindantes y a la duquesa de Medina Sidonia, que dijeron no conocer al titular. Ningún heredero reclamó el inmueble y ningún vecino se interpuso después cuando el Estado colgó sus intenciones en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El castillo pasó a manos de Hacienda por abandono, y ahí sigue. Con la talla del Cristo encima, que no tiene dueño particular pero que mueve montañas de fe.
El monumento al Cristo de Monteagudo tiene una legión de fieles, pero no tiene un dueño conocido. Según los papeles, no es del Estado. Sí se sabe que es un bien de la comunidad levantado por el Apostolado de la Oración. El Sagrado Corazón de Jesús, construido en 1926 y vuelto a edificar en 1951, vigila la huerta de Murcia ochenta años antes de que el Estado consiguiera inscribir a su nombre el promontorio sobre el que se asienta el castillo árabe. Y encima de éste, el monumento religioso que el abogado José Luis Mazón quiere retirar. Hacienda lo registró en 2006 tras demostrar que el montículo carecía de dueño, pero excluyó expresamente de su flamante titularidad a la gigantesca escultura del Cristo. Al César lo que es del César...
Para abundar en este apasionante periplo patrimonial conviene reseñar que el Estado ha intentado en varias ocasiones desprenderse o traspasar el famoso cabezo. El Consistorio murciano sigue abierto a un posible convenio con el Servicio de Patrimonio del Estado para hacerse con la propiedad, pero no como una cesión temporal. En los últimos años, las negociaciones han sido infructuosas y el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a enajenar el monte o cederlo al de Cultura. Quien se lo quede, debe acarrear con los gastos de conservación y rehabilitación del castillo y su entorno, lo cual no resulta atractivo en plena crisis económica y puede tener un efecto disuasorio. Al menos, un compás de espera. Pese a lo que figura en varios documentos, el Ayuntamiento considera que el Estado es también el dueño del monumento.
Intentos del Obispado
El Obispado de Cartagena, por su parte, intentó en 1999 hacerse con la propiedad de los terrenos y del Cristo, argumentando que la imagen fue levantada por el Apostolado de la Oración y la Compañía de Jesús, aunque, al parecer, no llevó el caso hasta los tribunales. Tampoco pudo acreditar con papeles que fuera el dueño, más allá de la voluntad expresada en el siglo XIX por María Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, de cederlo a la Iglesia Católica. Y aquí empieza lo más llamativo de la historia.
En la jerga urbanística se alude al 'suelo' y al 'vuelo' de una propiedad. En este caso hay un monumento religioso que no pertenece al Estado. Y que lleva en el sitio ochenta años antes de que el Patrimonio Nacional se adueñara de un inmueble que carecía de dueño, después de una larga investigación: 3.878 metros cuadrados que acogen las ruinas del castillo y otros 8.807 metros cuadrados de la falda del cabezo. El Estado se hizo con unos terrenos sobre el que ya existía un símbolo religioso. Y no al contrario. ¿Si el Cristo no es del Estado, quién lo debería retirar en el caso de que el TSJ de Madrid le diera la razón a José Luis Mazón? ¿El propio Estado? ¿Se trata acaso de un matiz menor, ya que la cuestión de fondo es que la imagen religiosa está ahora sobre un espacio público? Son preguntas que se hacen algunos expertos consultados por este diario.
Todo, menos el Cristo
Si la intención del Ministerio de Hacienda era corregir 150 años de ruina y abandono del castillo, no ha cumplido con esa obligación. Se lo queda, pero no lo conserva, según el Ayuntamiento de Murcia, que señala que el Estado no ha invertido un euro en ese cometido. Sí lo ha hecho el Gobierno regional -según los gastos que certificó en 2003-, que en teoría es el que menos 'vela tiene en este entierro'.
Según la información obtenida por 'La Verdad' del Gobierno central, del Ayuntamiento de Murcia, del Registró de la Propiedad número 1 de Murcia y de la Diócesis, en el expediente de inscripción de las dos parcelas de Monteagudo a favor de la Administración General del Estado se señala expresamente que queda excluido el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de 14 metros de altura y situado en el recinto del castillo.
Probablemente se guió por la máxima de que 'al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios'. Hacienda dedujo que era un bien religioso que no le pertenecía, pero que debía respetar y dejar al margen de las tribulaciones patrimoniales, ignorando que cuatro años después entraría Mazón en escena. Esta exclusión tan sumarial choca con la reclamación que este letrado -miembro de la Asociación Preeminencia del Derecho- dirigió al Ministerio de Hacienda, por ser el Estado «el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa», tal y como figura en dos escritos de 4 y 15 de febrero.
El Estado no heredó
Los demandantes omitieron después la vinculación patrimonial del Estado con el monumento cuando formalizaron su recurso ante el TSJ de Madrid. Hicieron constar que se hacía «un uso inconstitucional de una propiedad especial del Estado como es el Castillo de Monteagudo, sobre el cual existe una monumental estatua del fundador del cristianismo ubicado en tiempos del franquismo más duro». Seguidamente, señalan que la Administración General del Estado «es la propietaria del castillo, propiedad que recibió por herencia de un particular».
Pero los datos que figuran en algunos expedientes administrativos, entre ellos en el Registro de la Propiedad número 1, ofrecen una lectura diferente sobre esa supuesta herencia, que al parecer no es tal. Tras una investigación iniciada en 2004, a raíz de una propuesta de la Delegación de Economía y Hacienda, se concluyó dos años después que el Castillo de Monteagudo «es un inmueble que carece de dueño, perteneciendo, por tanto, a la Administración General del Estado» conforme a la ley de 2003 sobre el Patrimonio de la Administraciones Públicas.
Básicamente, lo que se hizo fue dar un salto registral de 1877 al 2006. Parece que no fue una herencia, como dice Mazón, sino que se inscribió a favor del Estado la cima y la falda del castillo que estaban desde 1877 a nombre de Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, después de un largo proceso en el que se dio audiencia a todas las partes, incluido a un descendiente directo en cuarto grado.
Cederlo a la Iglesia
Cuando el Estado inició en 2004 el expediente para hacerse con la propiedad del castillo, este heredero de la marquesa notificó que la voluntad familiar siempre había sido la de ceder la propiedad a la Iglesia Católica, y que los terrenos nunca formaron parte del lote de la herencia familiar.
Lo que hizo el Estado fue retomar y ampliar un expediente anterior que había iniciado en 1965 y concluido en 1990, sobre el cual la titularidad catastral figuraba a nombre de la Compañía de Jesús y del Ayuntamiento de Murcia, aunque no figuraba en el Inventario de Bienes de la Corporación. En ambos casos se denegó la incripción. Asimismo, el Apostolado de la Oración intentó hacerse con la titularidad basándose en que había levantado el monumento.El Estado sostuvo que la titularidad catastral no supone una prueba de la propiedad.
Obró de por medio una denuncia sobre los 150 años de abandono del castillo; así como una petición del Obispado de Cartagena para que se detuviera la investigación patrimonial. La Diócesis reclamó en el año 2000 la propiedad por prescripción, alegando que habían transcurrido más de 30 años sin que apareciera un dueño. Fue bajo el mandato de monseñor Ureña, pero no pudo presentar pruebas ni título para demostrar la voluntad primaria de Antonia Fernández de Córdoba y al parecer tampoco acudió a los tribunales ordinarios.
Buscando al dueño
El Ayuntamiento, por su parte, comunicó en 2004 que los terrenos no eran propiedad municipal, aunque luego mostró su interés por negociar un convenio con Hacienda para hacerse con todo el lote, Cristo incluido, compartiendo los gastos de conservación.
Siguiendo el rastro del expediente, se consultó a los dueños de las fincas colindantes y a la duquesa de Medina Sidonia, que dijeron no conocer al titular. Ningún heredero reclamó el inmueble y ningún vecino se interpuso después cuando el Estado colgó sus intenciones en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El castillo pasó a manos de Hacienda por abandono, y ahí sigue. Con la talla del Cristo encima, que no tiene dueño particular pero que mueve montañas de fe.
El monumento al Cristo de Monteagudo tiene una legión de fieles, pero no tiene un dueño conocido. Según los papeles, no es del Estado. Sí se sabe que es un bien de la comunidad levantado por el Apostolado de la Oración. El Sagrado Corazón de Jesús, construido en 1926 y vuelto a edificar en 1951, vigila la huerta de Murcia ochenta años antes de que el Estado consiguiera inscribir a su nombre el promontorio sobre el que se asienta el castillo árabe. Y encima de éste, el monumento religioso que el abogado José Luis Mazón quiere retirar. Hacienda lo registró en 2006 tras demostrar que el montículo carecía de dueño, pero excluyó expresamente de su flamante titularidad a la gigantesca escultura del Cristo. Al César lo que es del César...
VALOR DEL CASTILLO
72.632euros... con 32 céntimos. Es el valor que le otorga el Servicio Regional de Patrimonio del Estado a las dos fincas de 3.878 y 8.807 metros cuadrados situadas en la cima y la falda del montículo, incluidas las ruinas del castillo árabe. Otra cosa es el valor real de mercado. ¿Pero quién lo compra?
UN LARGO PROCESO
1877. Antonia Fernández de Córdoba es dueña del promontorio de Monteagudo. Sus herederos señalan que la voluntad familiar era ceder el castillo y los terrenos circundantes a la Iglesia Católica.
1965-1990. El Estado inicia los trámites para reclamar el bien patrimonial, considerando su situación de abandono y la ausencia de un titular, ya que el cabezo no formaba parte de la herencia familiar.
1990-2000. El Apostolado de la Oración, la Compañía de Jesús y el Obispado de Cartagena reclaman la propiedad, incluido el monumento del Cristo que se reedificó en 1951. No pudieron demostrar documentalmente que Fernández de Córdoba o sus descendientes les cediesen la propiedad.
2004. Hacienda retoma el expediente para que el castillo pase al patrimonio del Estado. Después de dos años de investigación determina que el inmueble carece de dueño. El Obispado pide sin éxito la propiedad, aunque no recurre a los tribunales, y el Ayuntamiento dice que no es suyo.
2006. El castillo y sus alrededores pasan al Estado, excluyendo expresamente el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
72.632euros... con 32 céntimos. Es el valor que le otorga el Servicio Regional de Patrimonio del Estado a las dos fincas de 3.878 y 8.807 metros cuadrados situadas en la cima y la falda del montículo, incluidas las ruinas del castillo árabe. Otra cosa es el valor real de mercado. ¿Pero quién lo compra?
UN LARGO PROCESO
1877. Antonia Fernández de Córdoba es dueña del promontorio de Monteagudo. Sus herederos señalan que la voluntad familiar era ceder el castillo y los terrenos circundantes a la Iglesia Católica.
1965-1990. El Estado inicia los trámites para reclamar el bien patrimonial, considerando su situación de abandono y la ausencia de un titular, ya que el cabezo no formaba parte de la herencia familiar.
1990-2000. El Apostolado de la Oración, la Compañía de Jesús y el Obispado de Cartagena reclaman la propiedad, incluido el monumento del Cristo que se reedificó en 1951. No pudieron demostrar documentalmente que Fernández de Córdoba o sus descendientes les cediesen la propiedad.
2004. Hacienda retoma el expediente para que el castillo pase al patrimonio del Estado. Después de dos años de investigación determina que el inmueble carece de dueño. El Obispado pide sin éxito la propiedad, aunque no recurre a los tribunales, y el Ayuntamiento dice que no es suyo.
2006. El castillo y sus alrededores pasan al Estado, excluyendo expresamente el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.
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