Guardia Civil y Agencia Tributaria luchan conjuntamente contra el tráfico de drogas en la Región de Murcia

Ministerio del Interior
Se ha intervenido 5.300 gramos de cocaína de gran pureza procedente de Sudamérica que iba oculta en el interior de diversos objetos
Fruto de la colaboración y de la buena coordinación entre Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil de Murcia se han llevado a cabo cuatro operaciones conjuntas desarticulando organizaciones delictivas dedicadas a introducir droga en la Región de Murcia.
Han sido detenidas, en los últimos dos meses, un total de 12 personas como presuntos autores de los delitos contra la salud pública y contrabando.
Fruto de la colaboración y de la buena coordinación entre Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil de Murcia, han desarrollado conjuntamente las denominadas operaciones "MARCELINO", "MACARIA", "CRESCENCIO" e "HILARIO", llevadas a cabo en la Región de Murcia en los últimos dos meses, en las que han sido detenidas un total de 12 personas como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA y CONTRABANDO aprehendiendo importantes cantidades de cocaína de gran pureza procedente de Sudamérica.
Las operaciones se iniciaron al tener conocimiento tanto los agentes Vigilancia Aduanera como los agentes de la Guardia Civil de Murcia de la existencia de varias redes organizadas dedicadas a la introducción de importantes cantidades de cocaína procedente de países sudamericanos oculta en diversos objetos.
Por tales motivos, los agentes de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera establecieron varios dispositivos de vigilancia y control, con el objetivo de identificar a los responsables de las redes y proceder a su detención.
Fruto de este trabajo coordinado, durante los últimos meses, se ha conseguido desarticular cuatro importantes redes delictivas dedicadas al narcotráfico, procediendo a la detención de 12 personas y a la aprehensión de 5,3 kilos de cocaína de gran pureza oculta en objetos variados como zapatos de caballero, botes de conserva, platos de cartón animados, impregnada en el forro de bolsos de señora y en el interior de figuras infantiles.
El destino final de la pasta de cocaína aprehendida, que es de gran pureza, eran los laboratorios caseros donde seria tratada, mezclada y cortada, para su posterior distribución en dosis y comercialización al menudeo en la Región de Murcia y provincias limítrofes.
OPERACIONES, DETENIDOS Y SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Operación MARCELINO.
Durante el pasado mes de abril se inició la operación MARCELINO llevándose a cabo la fase de explotación en el mes de mayo cuando se procedió a la detención de cuatro personas identificadas como I.L.R.P.; M.E.T.G.; J.A.R.T.; de nacionalidad colombiana y V.C.C.F; de nacionalidad ecuatoriana, residentes en Murcia como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA y CONTRABANDO.
Se ha aprehendido 2.000 gramos de cocaína procedente de Costa Rica que iba oculta en el interior de botes de conserva.
Operación MACARIA.
Durante el pasado mes de abril se ha desarrollado la operación MACARIA que ha culminado con la fase de explotación de esta operación, llevándose a cabo un amplio dispositivo policial, procediendo a la detención en Murcia de una persona de nacionalidad boliviana identificada como M.R.T.M. como presunta autora de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
Se ha aprehendido un total 2.440 gramos de cocaína procedente de Bolivia que iba oculta en el interior de las suelas de zapatos de caballero.
Operación CRESCENCIO.
Durante el pasado mes de abril se ha desarrollado la operación CRESCENCIO que ha culminado con la fase de explotación de esta operación, llevándose a cabo un amplio dispositivo policial, procediendo a la detención en Murcia de tres personas de nacionalidad boliviana identificadas como M.V.G.; J.P.P.; y L.A.M.T. como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA.
Se ha aprehendido un total 200 gramos de cocaína procedente de Bolivia que iba oculta en el interior de platos de cartón con anagramas de dibujos infantiles junto con globos, caramelos y juguetes infantiles.
Operación HILARIO.
Durante el pasado mes de mayo se ha desarrollado la operación HILARIO que ha culminado con la fase de explotación de esta operación, llevándose a cabo un amplio dispositivo policial, procediendo a la detención de cuatro personas de nacionalidad boliviana identificadas como J.L.P.Z.; S.L.A.; A.C.R.P.; y F.B.C.; como presuntos autores de un DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA, en la localidad de Murcia.
Se ha aprehendido un total de 660 gramos de cocaína procedente de Argentina que iba oculta en el interior de variadas figuras infantiles e impregnadas en el forro de bolsos de señora.
Las personas detenidas, diligencias instruidas, la droga aprehendida y efectos intervenidos han sido puestos a disposición de los Juzgados De Instrucción competentes que han ejercido la dirección judicial de estas operaciones.
Con estas actuaciones se ha logrado abortar y neutralizar varios puntos de introducción de cocaína en la Región de Murcia y por ello evitar su nocivo consumo entre la población.

El PSRM presenta mociones en todos los ayuntamientos pidiendo a Valcárcel medidas de austeridad y políticas de empleo

PSRM-PSOE
Joaquín López instó al PP regional a que "deje de hacer electoralismo en tiempos de crisis, y ayude a los ciudadanos que atraviesan dificultades"
El portavoz del PSRM-PSOE, Joaquín López, manifestó que "en los tiempos de crisis que atravesamos ha quedado acreditado que el Gobierno socialista de España ha actuado de forma decidida y responsable sin cálculos electorales reaccionando ante cada inesperado desafío, pensando en el futuro del país y no en los votos, y lo ha hecho en general en línea con los demás Gobiernos europeos, pero teniendo en cuenta las propias circunstancias sin perder de vista a los que mas necesitan de su ayuda".
"Es indudable que esta crisis está afectando más a la Región de Murcia, producto del modelo de crecimiento del PP. Somos la comunidad autónoma donde más ha crecido el paro en los últimos años, y estamos a 20 puntos de la media española en riqueza por habitante", subrayó.
"De esta forma, tal y como el Gobierno de España ha hecho, instamos al Gobierno regional a que asuma su responsabilidad en estos momentos, para lo cual hemos indicado a todos nuestros Grupos Municipales la presentación de mociones a discutir en los Plenos de los Ayuntamientos requiriendo a la Comunidad Autónona de la Región de Murcia a que adoptes medidas de ajuste del gasto, por un lado, y, por otro, que no deje de incentivar las políticas activas empleo en sus diversas modalidades", añadió.
Medidas de austeridad
Joaquín López pidió a Valcárcel que la Administración regional "se apriete el cinturón y ponga en marcha entre otras medidas, una Ley de Reestructuración y Saneamiento del Sector Publico Regional para eliminar empresas públicas innecesarias, fundaciones y demás entes, que en estos momentos existen en número superior a 100, y que prestan, en muchos casos, los mismos servicios que la propia Comunidad Autónoma, la reducción del 15 % de todo el gasto corriente de la Comunidad Autónoma o la eliminación del 50 % de los cargos y puestos de designación directa del Gobierno regiona"l.
El portavoz socialista recordó que, según los datos de la EPA del primer trimestre del año, el paro aumentó en la Región de Murcia en 8.600 personas (5,33%), situándose el número de desempleados por encima de las 170.000 personas, lo que supone una tasa de paro del 23%, 3,12 puntos por encima de la media del país.
En opinión de López, "el Gobierno de Valcárcel olvida que en esta Región hay 100.000 parados más que al inicio de esta legislatura que están sufriendo el rotundo fracaso de sus políticas". Y explicó que "ante estos más que preocupantes datos, la Comunidad Autónoma ha reaccionado recortando en casi un 10% la asignación para políticas activas de empleo en los presupuestos generales para 2010" y que "la caída en la inversión ha afectado a conceptos tan importantes como las políticas de empleo y formación, la industria y comercio, infraestructuras, investigación, desarrollo, e innovación".
"Valcarcel y el PP regional deben dejar de hacer electoralismo en tiempos de crisis, deben asumir su obligación como gobierno autónomo, y ser protagonistas hoy mas que nunca del fomento de políticas que generen puestos de trabajo, pues tienen las competencias para ello, y ayudar así a los ciudadanos que atraviesan dificultades en su vida diaria", finalizó.

El PSRM lamenta que las decisiones sobre inversión y préstamos a las empresas murcianas y alicantinas se alejen de la Región a Madrid u Oviedo

PSRM-PSOE
Pedro Saura considera que la CAM llega forzada a esta fusión debido a los excesos del modelo de desarrollo de estos últimos años y a algunas decisiones políticas poco rentables tomadas bajo la presión del Partido Popular
El secretario general del PSRM, Pedro Saura, lamentó con relación a la fusión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo con otras tres entidades bancarias, que las decisiones sobre inversión y préstamos a las empresas murcianas y alicantinas se alejen de la Región y se tomen como muy cerca en Madrid u Oviedo.
En este sentido, Saura recordó la importancia de las cajas en la toma de decisiones para la financiación de inversiones y de empresas, lo que hace temer que ese alejamiento pudiera ir en perjuicio del empresariado y proyectos de esta Región, incluso de la zona de Alicante.
El acuerdo al que han llegado las cuatro entidades financieras, de llevar a cabo una fusión fría o virtual con la intención de ser más fuertes y salvaguardar su patrimonio, va a juicio del dirigente socialista en la dirección adecuada, desde el punto de vista económico. Sin embargo, para Pedro Saura hubiera sido preferible que la CAM no llegara forzada a esta fusión por la situación en la que se encontraba, producto del modelo de crecimiento y de los excesos cometidos durante estos últimos años y de algunas decisiones políticas poco rentables tomadas bajo la presión del Partido Popular.

Los alcaldes avisan de que la prohibición del crédito estrangulará las arcas locales

La norma del Gobierno central no sólo reducirá al mínimo la inversión municipal, sino que afectará al pago a proveedores
25.05.10 - 02:28 -
J. MOLLEJO MURCIA. / La Verdad

El malestar y el desánimo cundió ayer por los despachos de las alcaldías de toda España al descubrir la sorpresa que escondía el real decreto-ley del Gobierno centra con las medidas para reducir el déficit público, y que ayer apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado. Según uno de los artículos de la norma, los ayuntamientos y sus entidades dependientes no podrán acudir al crédito público ni privado a largo plazo hasta enero de 2012 para financiar sus inversiones.
La medida significa en la práctica que los ayuntamientos deberán subsistir con los préstamos solicitados hasta ayer y con sus propios ingresos, muy mermados a causa de la crisis y con los que apenas cubren los gastos corrientes, durante este y el próximo ejercicio, que es precisamente año de elecciones municipales.
Las consecuencias directas de esta prohibición del crédito, según los alcaldes consultados por 'La Verdad', no sólo será la reducción al mínimo de las inversiones municipales el próximo año, sino que también afectará al funcionamiento normal de las admimistraciones locales, ya que les privará de liquidez y dificultará el pago a proveedores. «Esto nos va a asfixiar todavía más», advirtió Eduardo Contreras, alcalde de Molina de Segura.
El texto del real decreto señala que a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2011, «las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector administraciones públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo».
Especifica que no podrán acudir a ese recurso «en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización, o ambos».
Además, el texto aclara que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en la Ley de Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
En Molina, por ejemplo, uno de los efectos directos de la medida será el aplazamiento del plan de obras en pedanías, una parte del cual el Ayuntamiento tenía previsto financiarlo con un crédito. Los proyectos de La Muralla y los colectores de la zona norte, según explica Contreras, se salvarán gracias a que se financiarán con subvenciones de la Comunidad Autónoma.
El alcalde de Molina teme que la prohibición alcance también a las pólizas de crédito con las que habitualmente operan muchos ayuntamientos. «Si es así, la situación es muy grave, ya que tendremos problemas para pagar a los proveedores», indica el regidor popular.
El primer edil de Calasparra, el socialista Jesús Navarro, vaticinó que «las inversiones locales van a caer de forma importante», al tiempo que se lamentó de que, «después de los esfuerzos que estamos realizando para sobrevivir, ahora nos ponen una traba más».
El que no puedan recurrir a las entidades financieras afectará a la actividad municipal sobre todo el próximo año, ya que, a la altura del ejercicio actual en que nos encontramos, prácticamente todos los ayuntamientos que tenían previsto endeudarse este año para realizar alguna obra, ya lo han hecho.
Así lo reconoció el alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara. «Este año los efectos no serán muy graves, pero el año que viene vamos a tener que renunciar a algunos proyectos, aunque ya estamos estudiando alternativas», explicó Cámara. El alcalde de la capital de la Región y secretario general del PP murciano considera además «injusto que seamos los ayuntamientos los que debamos pagar la mala gestión del Gobierno de España».
Reunión de los municipios
Cámara asiste esta mañana a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que analizará las medidas del real decreto-ley para reducir el déficit público que afectan a las entidades locales, entre ellas la rebaja del sueldo de los funcionarios y la limitación para pedir créditos.
La restricción del crédito a largo plazo a los ayuntamientos hasta 2012 para la financiación de posibles inversiones no debería aplicarse a todas las entidades locales por igual, sino que habría de contemplar si tienen déficit o no, según declaró ayer el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
En un comunicado, Mollinedo considera que el trato a los ayuntamientos no puede ser «lineal». «No se puede hacer 'tabla rasa' para todos los ayuntamientos tengan o no déficit», añadió.
El alcalde de Puerto Lumbreras y vicesecretario general del PP, Pedro Antonio Sánchez, señaló que muchos ayuntamientos necesitan recurrir a bancos y cajas «para pagar las facturas, por lo que con esta medida lo que van a conseguir es paralizar la liquidez municipal».
Sánchez acusó a Rodríguez Zapatero de incumplir el mandato del Congreso de aprobar una nueva reforma de la financiación local antes del verano, según la moción del PP aprobada el pasado 13 de abril. A juicio del alcalde, las medidas del Gobierno central abocan a los ayuntamientos a «parar las obras o subir los impuestos», tal y como le planteó en una reciente entrevista el director general de Cooperación Financiera con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, Alain Cuenca.

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REGIÓN/ La Consejería no acepta que el AVE se retrase y los empresarios anuncian protestas

Blanco confirma que la mayoría de obras de Fomento se demorarán al menos un año, con un probable varapalo a la esperada llegada del AVE a la Región en 2014
20.05.10 - 01:44 -
M. BUITRAGO MURCIA. / la Verdad

El Gobierno regional y los empresarios han encajado mal el anuncio realizado ayer por el ministro de Fomento de retrasar al menos un año las obras públicas con motivo del plan de austeridad que reducirá las inversiones en otros 3.200 millones de euros. El ministro José Blanco no especificó qué obras se verán afectadas, lo cual se sabrá cuando se reprogramen todas las inversiones y proyectos que hay en marcha. En la reunión de la Comisión de Fomento del Congreso, Blanco sólo fue concreto en un caso: el AVE llegará a Valencia este año, como está previsto. Subrayó que dará preferencia al ferrocarril y a las obras que sean más necesarias. Apostó por rentabilizar mejor las infraestructuras que ya existen.
El Ministerio ha seguido el guión avanzado la semana pasada de retrasar la mayor parte de las obras en carreteras y ferrocarril entre seis meses y un año, 'salvando de la quema' la línea de alta velocidad entre Madrid y la capital del Turia.
No por esperado el anuncio ha caído como un jarro de agua fría en la Región de Murcia, donde el Ministerio tiene comprometidos 3.000 millones de euros en inversión para los próximos años. El principal temor es que se ve afectada la obra más emblemática, como la llegada del AVE a Murcia a través de la provincia de Alicante. Todos los subtramos están en obras y adjudicados.
El consejero de Obras Públicas, José Ballesta, ha reclamado que Fomento cumpla su compromiso para que el tren de alta velocidad llegue a la Región en 2014. «Esta obra no debe verse afectada por ningún recorte». Ballesta considera «muy difuso» el anuncio realizado por José Blanco. «No ha dado detalles sobre las obras que se retrasarán. Desde el Gobierno regional confiamos en que cualquier recorte de inversiones se realice con equidad y justicia. Es importante saber cómo se reparten las cargas del ajuste presupuestario entre todas las comunidades autónomas». José Ballesta indicó en este sentido que el recorte de inversiones debe aplicarse principalmente en los territorios que más han recibido en infraestructuras durante los últimos años, y no en regiones como la murciana que han permanecido relegadas durante largo tiempo. «Deben apretarse el cinturón las comunidades que más han recibido. Los recortes deben afectar lo mínimo a Murcia», apostilló el consejero, quien no critica la necesidad del ajuste, sino cómo y dónde se va a aplicar el sacrificio presupuestario.
El secretario general de la patronal Croem, Clemente García, ha anunciado que los órganos directivos de la patronal se van a reunir en los próximos días para estudiar la situación «y tomar decisiones» para protestar contra un trato que resulte «injusto» para la Región de Murcia. «En estos momentos existe una gran indefinición, pero mucho nos tememos que vamos a salir nuevamente perjudicados», manifestó García a esta Redacción. «¿Vamos a ser siempre los mismos?», se preguntó. Teme que el Ministerio aplique distinto rasero en las comunidades autónomas donde gobierna el PSOE.

Las policías locales de 33 municipios aún no quitan puntos del carné por las infracciones

Algunos de los 17 ayuntamientos más retrasados alegan «problemas informáticos»
19.05.10 - 01:09 -
A. NEGRE MURCIA. / la Verdad

El 1 de julio el carné de conducir por puntos cumplirá cuatro años. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde su entrada en vigor, su implantación en la Región aún tiene algunas asignaturas pendientes. Concretamente 33. Ése es el número de municipios que aún no han hecho los deberes en esta materia. Las policías locales de estas localidades todavía no quitan puntos a los conductores, pese a sorprenderlos cometiendo una infracción.
Pese a que son muchos los municipios que aún no descuentan puntos del carné, lo cierto es que la mayoría de los murcianos, concretamente un 61%, sí se enfrenta diariamente a esta sanción. Esto se debe a que son precisamente algunos de los municipios más grandes y poblados -Murcia, Cartagena, Molina, Yecla, Caravaca, Bullas, Beniel, Alcantarilla y Águilas- los que cumplen con el reglamento de Tráfico. Llama la atención la ausencia de Lorca en esta lista. Sin embargo, el consistorio lorquino ya se ha puesto manos a la obra para corregir esta falta.
Hace algo más de un mes, el fiscal delegado de Tráfico en Murcia, Pablo Lanzarote, alertaba en las páginas de 'La Verdad' de su disposición a tomar medidas contra los alcaldes y concejales de Tráfico que demuestren «una voluntad consciente y deliberada de no remitir las detracciones de puntos». Esta medida vino precedida de la queja del jefe provincial de Tráfico, Francisco Jiménez, ante la negativa de algunos municipios a sumarse a la retirada de puntos a los infractores.
Tras el anuncio del fiscal, son muchas las localidades que le han visto las orejas al lobo y han comenzado a trabajar. Es el caso de municipios como Mazarrón, Lorca, San Javier, Santomera, Los Alcázares, Fortuna, Moratalla o Campos del Río. Todas ellas tienen ya en su poder el certificado digital, uno de los primeros pasos para ponerse en marcha, y según la Dirección General de Tráfico (DGT) podrán comenzar a quitar puntos en breve. Jiménez agradeció este lunes la labor de estos ayuntamientos durante la presentación de un nuevo radar.
Menos diligentes han sido otros ayuntamientos que, pese a la advertencia del fiscal, siguen todavía, según Tráfico, muy lejos de implantar esta medida. Es el caso de Abanilla, Cieza, Totana, Archena, Blanca, Fuente Álamo, La Unión o Mula. 'La Verdad' contactó ayer con algunos de estos consistorios y fueron muchos los que alegaron que es una causa informática la que no les permite aún retirar puntos del carné de conducir.
Jiménez ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de que todos los municipios se adapten ya a la ley de Tráfico. Pliego, Ricote y Ojós tampoco quitan puntos porque carecen de Policía Local o porque ésta es muy reciente.

ASÍ ESTÁ LA SITUACIÓN
SÍ RETIRAN PUNTOS DEL CARNÉ:
Murcia.
Cartagena.
Molina del Segura.
Yecla
Caravaca de la Cruz
Bullas.
Beniel.
Alcantarilla.
Águilas.
EN BREVE COMENZARÁN:
Mazarrón.
San Javier.
Torre Pacheco.
Jumilla.
San Pedro del Pinatar.
Alhama de Murcia.
Las Torres de Cotillas.
Santomera.
Los Alcázares.
Puerto Lumbreras.
Fortuna.
Moratalla.
Lorquí.
Campos del Río.
Lorca.
Ceutí.
AÚN ESTÁN MUY LEJOS:
Cieza.
Archena.
Mula.
Fuente Álamo.
Cehegín.
Calasparra.
Alguazas.
Abanilla.
Blanca.
Albudeite.
Totana.
La Unión.
Abarán.
Librilla.
Aledo.
Ulea.
Villanueva del Río Segura

Más de 325.000 murcianos sufrirán directamente el ajuste en sus bolsillos

Tres sindicatos convocan para hoy la primera acción de protesta ante la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia
13.05.10 - 01:19 -
J. MOLLEJO MURCIA/ La Verdad

Todas las medidas de recorte del gasto público anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tendrán efectos en la Región de Murcia, pero las sufrirán directamente en sus bolsillos uno de cada cuatro murcianos a través de una merma en sus ingresos.
El colectivo más afectado es el de los pensionistas de la Región de Murcia. La congelación de las pensiones contributivas en el año 2011 supondrá que unos 220.000 murcianos pierdan poder adquisitivo el próximo año, ya que esta prestación no se revalorizará de acuerdo con el aumento del Índice de Precios al Consumo de este año.
Los pensionistas murcianos sufrirán esta medida con más rigor que los residentes en otras comunidades, ya que la Región cuenta con una de las pensiones medias más bajas de toda España, con 684,47 euros al mes. Sólo los pensionistas extremeños y andaluces cobran menos que los murcianos.
Primeras movilizaciones
Aunque con una incidencia menor, la rebaja salarial a los empleados públicos tendrá una contestación social mucho mayor. De hecho, los sindicatos Sterm-Intersindical, ANPE y CC OO convocaron ayer la primera protesta en la Región de Murcia contra el Gobierno central, que tendrá lugar hoy a las 12.30 horas ante las puertas de la Delegación del Gobierno de Murcia.
Esta concentración puede ser la antesala a un rosario de movilizaciones sindicales, tal y como ocurrió durante el mes de marzo con las protestas dirigidas por los sindicatos de funcionarios de la Comunidad Autónoma a causa de la suspensión de los acuerdos salariales pactados con el Gobierno regional.
La rebaja del salario de los funcionarios este año en una media del 5% afectará en la Región de Murcia a un total de 85.667 empleados. De ellos, 52.049 trabajan en la Comunidad Autónoma, otros 17.469 empleados públicos perciben sus nóminas de la Administración central, 14.246 más son los que dependen de los 45 ayuntamientos y, por último, 1.903 están en nómina de las universidades públicas de la Región, según datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Administraciones Públicas. Todo ellos, además del recorte salarial, verán sus sueldos congelados el próximo año.
Los sindicatos del personal docente fueron los que reaccionaron ayer con más dureza. ANPE destacó que «una vez más, se utiliza a los funcionarios para ponernos en contra de la sociedad en general, por que somos los privilegiados que tienen un empleo fijo», y advirtió no estar de acuerdo con este razonamiento «en absoluto».
La Federación de Enseñanza de CC OO indicó que las medidas suponen «un grave deterioro de las condiciones de vida del conjunto de empleados públicos entre los que, recordémoslo, predominan los sueldos mileuristas y existe una creciente precariedad laboral».
Sterm-Intersindical apuntó que el ajuste «se ceba con los más débiles: jubilados, dependientes, futuras madres, sanidad y ayuda al desarrollo. En resumen, será la ciudadanía, con el deterioro de los servicios públicos, y sus trabajadores y trabajadoras, con el recorte de sus salarios, quienes paguen la crisis».
Se acabó el cheque bebé
Otra de las decisiones del Gobierno central que tendrá una repercusión económica directa en los ingresos de miles de familias murcianas es la supresión de la ayuda de 2.500 euros por el nacimiento un bebé a partir del año 2011.
Aproximadamente unas 19.000 familias dejarán de percibir esta ayuda, conocida como cheque bebé, que en la Región de Murcia había tenido una buena acogida dado que es la comunidad autónoma con la tasa de natalidad más elevada de España, con un porcentaje de 13,5 nacimientos por cada 10.000 habitantes, según datos del año 2008.
La viceportavoz del grupo socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, manifestó que las medidas económicas del Gobierno central «son necesarias y no tocan los pilares del Estado del Bienestar».
En cambio, el portavoz del PP murciano, José Antonio Ruiz Vivo, calificó de «engaño» a la sociedad dicha propuesta y afirmó que «estos recortes de carácter social perjudicarán en mayor medida a la Región de Murcia».
El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, José López, mostró ayer su «sorpresa desagradable» y su «más ferviente rechazo» a la rebaja en un 5% del sueldo de los empleados públicos de todas las administraciones.
López, en declaraciones a 'Europa Press', criticó que «una vez más se echa mano del empleado público en tiempos de crisis, cuando es uno de los colectivos más desfavorecido económicamente, a pesar de la imagen social que se tiene de ellos», al tiempo expresó su «sorpresa desagradable» por el hecho de que se vaya a incumplir lo ya acordado.
«Los paganos de siempre»
El dirigente sindical criticó además que siempre que hay que hacer recortes se acuda «a los paganos de siempre» -en referencia a los funcionarios- y aseguró que, «aunque esta medida no sea de obligado cumplimiento para todas las administraciones, tanto la Comunidad como los ayuntamientos se acogerán a esta medida»..

El Consejo de Universidades niega a la UCAM la autorización para impartir el título de Medicina

La ANECA también ha puesto pegas al plan de estudios de Ingeniería Civil que la Universidad Católica quiere implantar el próximo curso en Cartagena
12.05.10 - 01:27 -
F. CARRERES MURCIA. / La Verdad

Nuevo varapalo a las aspiraciones de la Universidad Católica (UCAM) de implantar el grado de Medicina en Cartagena el próximo curso. El Consejo de Universidades ha decidido no autorizar a la UCAM la puesta en marcha de los estudios porque, considera, la Universidad de la Iglesia no tiene garantizados los servicios hospitalarios para poder asegurar una adecuada formación pre-profesional a sus alumnos. La resolución del Consejo de Universidad fue remitida el lunes a la UCAM, según confirmó el propio presidente de la institución docente, quien ya ha presentado un recurso contra la decisión ante la Presidencia del Consejo.
El Consejo de Universidades ha tomado la decisión de no autorizar (el término oficial es 'no verificar') el grado de Medicina después de analizar los informes sobre los planes de estudios que realizó en su día la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA). La agencia es el organismo encargado de evaluar las peticiones de nuevos títulos para garantizar que se ajustan a la ley. Hace casi dos años, emitió un primer informe provisional en el que planteaba varias pegas. La UCAM trató de subsanarlas y presentó de nuevo su propuesta reformada ante la ANECA, que el pasado febrero emitió su segundo informe desfavorable, y en el que aludía a la falta de plazas hospitalarias como principal razón de su negativa.
Tal y como marca la ley, el siguiente paso del proceso es la remisión del segundo informe desde la ANECA al Consejo de Universidades, que dicta su resolución basándose en la memoria de la agencia de evaluación.
Esa resolución es la que conoció el lunes el presidente de la UCAM, y contra la que cabe un recurso ante la Presidencia del Consejo de Universidades, que el presidente de la Universidad Católica ya está tramitando. «Disponemos de diez días para presentarlo, y ya estamos en ello; parece que la pega que nos ponen es que debemos aumentar el número de plazas hospitalarias para las prácticas, así que esta misma semana nos reuniremos con la Consejería de Sanidad para que nos garanticen esas plazas», explicó ayer el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza.
Por primera vez desde que anunció su proyecto para implantar el grado de Medicina en la UCAM, Mendoza dejó ayer asomar sus dudas sobre la posibilidad de que se imparta el próximo curso en el futuro Campus de la Salud de Los Dolores, en Cartagena. «Ahora mismo no lo sé», dijo el presidente de la UCAM, quien mantiene la esperanza de que la Comunidad Autónoma «nos garantice las plazas hospitalarias para que este proyecto, tan importante para la Región, salga adelante, y más cuando cumplimos con todos los requisitos que marca la ley». Para Mendoza, el proceso está condicionado «porque en la comisión de la ANECA había un profesor de la Universidad de Murcia, una institución que se opone radicalmente a nuestro proyecto». El presidente de la UCAM se refiere a la comisión de expertos del ámbito académico que se forma para analizar cada plan de estudios, y que según la agencia, «está formada por evaluadores independientes de reconocido prestigio».
Las malas noticias han llegado en cadena a la Universidad Católica, que recientemente ha conocido también que la Agencia de Evaluación de la Calidad ha puesto algunos reparos al plan de estudios de Ingeniería Civil que la UCAM quiere impartir el próximo curso también en el futuro campus de Los Dolores. Sin embargo, en este caso el proceso está en sus primeras fases, así que la Universidad privada y de la Iglesia puede subsanar los errores y someterse a la segunda evaluación, según confirmó ayer el propio Mendoza. «No va a haber ningún problema, y sin ninguna duda impartiremos Ingeniería Civil el próximo curso en la UCAM», aseveró.

El nuevo acceso Oeste del Aeropuerto Internacional absorberá hasta 15.000 vehículos diarios

CARM
La Comunidad finaliza las obras de la nueva infraestructura, que ha supuesto una inversión total de siete millones de euros
Recogerá el tráfico de las autovías autonómicas RM-2 (Alhama -Campo de Cartagena), RM-3 (Totana-Mazarrón) y RM-23, que conecta las dos anteriores, y también de la A-7 (autovía del Mediterráneo) y de la AP-7
El consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, y la consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, informaron hoy de que la Administración regional ha finalizado las obras del nuevo acceso Oeste del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia que, “con una inversión total de siete millones de euros, absorberá hasta 15.000 vehículos diarios”, subrayó el consejero José Ballesta.
En ese sentido, la titular de Economía y Hacienda recordó que las obras “van por buen camino” y destacó “el trabajo en equipo de este proyecto de Gobierno en el que hemos trabajado todas las consejerías implicadas”.
El acceso del eje Oeste recoge el tráfico de las autovías autonómicas RM-2 (Alhama de Murcia-Campo de Cartagena), RM-3 (Totana-Mazarrón) y RM-23, que conecta las dos anteriores, y también de la A-7 (autovía del Mediterráneo) y de la AP-7 (autopista del Mediterráneo), canalizando así los tráficos procedentes del suroeste de la Región.
Las obras han consistido en la remodelación integral del tramo que comunica Fuente Álamo con Valladolises de la carretera RM-601. La actuación realizada en la que será una de las principales arterias de conexión al Aeropuerto ha supuesto la ampliación de la vía, que cuenta con un ancho total de 11 metros, y la construcción de un puente sobre la rambla de La Murta.
Asimismo, las obras han incluido la construcción de un nuevo puente sobre la rambla de Fuente Álamo que enlaza la zona Este del municipio con la carretera RM-601. También se ha construido una rotonda de entrada a la infraestructura aeroportuaria que recogerá el tráfico de las dos arterias de acceso.
Por otra parte, dentro de las obras del acceso Oeste, la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio ha reforzado el firme del tramo de la carretera RM-601 que conecta Corvera con la A-30 (Murcia-Cartagena), lo se traducirá “en unos accesos ágiles, cómodos y seguros desde el puerto de la Cadena”, aseguró José Ballesta.
Asimismo, el consejero indicó que “mañana y pasado se cortará el tráfico del carril interior, el de la izquierda, de la A-30, en sentido Cartagena-Murcia, para la ejecución de la cimentación del puente de acceso Este al Aeropuerto”. El corte se efectuará de 22:00 a 6:00 horas, de forma que sólo afectará a los desplazamientos nocturnos, y los vehículos podrán seguir circulando, ya que se reducirá la vía a una calzada de doble sentido
Acceso desde la A-30 y la autovía del Mar Menor
La Comunidad también está ejecutando las obras de construcción de la autovía de acceso al Aeropuerto Internacional y de los enlaces desde la A-30 (Albacete-Cartagena), que suponen una inversión de 28,6 millones de euros por parte del Gobierno regional.
En concreto, la construcción de la autovía de acceso Este dará servicio a los vehículos que provienen de la A-30, absorbiendo los tráficos procedentes de Murcia y Cartagena, así como a los vehículos que circulen por la RM-19 (autovía del Mar Menor). Los nuevos viales, cuyas obras se iniciaron el pasado mes de enero, dispondrán de dos carriles de 3,5 metros de ancho y su velocidad máxima de circulación será de 120 km/h.
Las obras incluyen la remodelación de los enlaces ya existentes en los puntos kilométricos 161 y 164 de la autovía A-30, que dispondrán de dos macroglorietas elevadas que regularán el tráfico de entrada y salida al Aeropuerto, garantizando la fluidez y la seguridad en los desplazamientos.
Dentro de las obras complementarias, la Administración regional también ha ejecutado el abastecimiento de agua potable del Aeropuerto, con una inversión de 835.200 euros, ha concluido la instalación de la línea de suministro eléctrico, que permitirá dotar de energía eléctrica las instalaciones, y que ha supuesto una inversión de 926.445 euros, así como la ampliación de la subestación eléctrica de El Albujón que, con un coste superior al medio millón de euros, garantizará un suministro de 6.000 kilovatios, el equivalente al que se proporciona a municipios como Abanilla, Blanca o Lorquí.
Asimismo, Obras Públicas y Ordenación del Territorio está ejecutando, con una inversión de 1.197.109 euros, la reposición del cordel de Fuente Álamo, una vía pecuaria de titularidad autonómica y 6,9 kilómetros de longitud que discurre junto al trazado de la Rambla del Ciprés.
El consejero recordó que “el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino formuló la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto constructivo de la Fase II del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, que supone la ampliación de la infraestructura de 1,5 a 3 millones de pasajeros, pasando de cinco a nueve puertas y de 15.000 a 30.000 operaciones de aeronaves al año”.
Finalizada la estructura de la Terminal de pasajeros
Con respecto a las obras del aeropuerto, el consejero informó de que la estructura de la Terminal de pasajeros está totalmente acabada, pendiente de la instalación de la cubierta. Además, ha finalizado recientemente la estructura de la Torre de Control, a falta de la instalación del fanal, y se ha terminado la cimentación de los edificios del servicio de extinción de incendios, de la Terminal de Carga y del Edificio Multipropósito.
Además, se han ejecutado el vial perimetral y el vial de servicio de la zona sur, se ha terminado el vallado exterior definitivo de la zona norte (lado tierra) y se han realizado los movimientos de tierra parciales en la franja nivelada y franja de seguridad de la zona sur aeroportuaria (zona aire).
El Aeropuerto Internacional, cuyas obras se iniciaron el 24 de julio de 2008, se configura como una infraestructura “de alta rentabilidad social”, recordó el consejero, que, añadió la titular de Economía, “vertebrará el crecimiento económico de nuestra comunidad mediante el establecimiento de una plataforma estratégica para el desarrollo de la Comunidad a corto, medio y largo plazo. Su construcción permitirá integrar a la Región en las plataformas de comercio internacionales de primer orden, favoreciendo su apertura a los mercados de todo el mundo, impulsando el comercio exterior y la creación de empleo estable y duradero”.
Asimismo, gracias al aumento del número de destinos y la frecuencia de los vuelos, el Aeropuerto Internacional “se convertirá en un catalizador de la oferta turística de la Región, permitiendo aumentar significativamente el número anual de turistas que acuden a tierras murcianas, beneficiando así a las empresas murcianas y contribuyendo a la dinamización de la economía”, concluyó José Ballesta.

La 'Carabela portuguesa' acecha el litoral

La Verdad
Los científicos insisten en que la picadura sólo podría ser mortal en casos excepcionales de personas con respuestas alérgicas extremas
El Centro Oceanográfico pone en marcha el operativo de vigilancia tras la llegada de varios ejemplares a las playas de San Pedro y Águilas

Camufla su potencial peligro bajo un atractivo aspecto de globo de colores brillantes, azules, morados o rosas, pero en realidad es la peor enemiga que el bañista puede encontrar cuando disfruta del tranquilo mar de mayo. Latemida 'Carabela portuguesa' acecha en las costas murcianas; en los últimos días, buceadores de la playas aguileñas de la Isla del Fraile, El Sombrerico y El Hornillo han avistado a varios ejemplares de la temida 'medusa asesina', que ya hizo saltar la alerta en el litoral de la Región el pasado verano. Hace apenas una semana, bañistas de San Pedro del Pinatar también avisaron de la presencia de otra 'Carabela'. En previsión de que aparezcan más, el Centro Oceanográfico de Murcia mantiene en marcha el operativo de vigilancia en las costas murcianas.
La llegada de al menos una decena de ejemplares de las conocidas popularmente como 'medusas asesinas' no ha pillado por sorpresa a los científicos del Centro Oceanográfico, que ya en febrero observaron la entrada por el Estrecho de ejemplares de esta especie desde el Atlántico, lo que hacía presagiar su llegada al litoral murciano por estas fechas si las corrientes les eran favorables.
Pese a la leyenda negra que precede a la temida 'Carabela portuguesa', y en contra de la creencia popular, su picadura no es, ni mucho menos, mortal de necesidad. «Puede llegar a darse el caso excepcional de que en determinadas personas que hayan desarrollado respuestas respuestas de tipo alérgico extremas se presenten complicaciones más serias, pero en cien años se han registrado sólo cuatro muertes en todo el mundo frente a 200.000 picaduras», aclara Ignacio Franco, experto en medusas e investigador del Centro Oceanográfico de Murcia.
Mortal o no, su picadura no es, en cualquier caso, banal: resulta muy dolorosa, y puede provocar taquicardias, mareos, vómitos y desajustes en la tensión arterial; en algunos casos, sobre todo cuando se trata de niños o personas de poco peso, requiere hospitalización. Y es que sus largos tentáculos, provistos de cápsulas urticantes, pueden paralizar a un pez grande y afectar seriamente a un ser humano.
El Centro Oceanográfico ha puesto en marcha el operativo después de que laAgrupación Vecinal Aguileña (AVA) haya informado de que un grupo de buceadores deportivos de la localidad han confirmado este fin de semana la presencia de ejemplares en aguas de la isla de El Fraile. Además, varios bañistas las han avistado en las playas de El Hornillo y El Sombrerico, donde también aparecieron el verano pasado.
Nunca se sumergen
«Hace un par de semanas se vieron ocho ejemplares en Alicante y diez en Almería; parece que ahora se localizan entre Almería y Murcia, pero pueden desplazarse a cualquier lugar dependiendo de los vientos y las corrientes», explica Ignacio Franco, quien recuerda que los bañistas y vecinos que detecten la presencia de este tipo de medusas deben dar parte al puesto de vigilancia de la playa. «Es fácil distinguirlas, porque o flotan en superficie, o están en la arena, pero no sumergidas; el aspecto es inconfundible, de globo hinchado», recuerda el investigador. La 'Carabela portuguesa' tiene forma de globo de color azulado y violeta iridiscente, con un tamaño máximo que oscila entre diez y quince centímetros, y aunque permanece en la superficie, bajo el agua esconde unos tentáculos urticantes de hasta 30 centímetros de largo.
La Agrupación Vecinal Aguileña también ha pedido a las autoridades que «ofrezcan información oficial» sobre la aparición de estos animales en la costa aguileña «para que los ciudadanos puedan adoptar las medidas de precaución que consideren oportunas» y ha recomendado que «mantengan la alerta a pescadores, bañistas y buceadores».
La llegada, por segundo año consecutivo, de varios ejemplares de la peligrosa medusa a las costas murcianas es, a juicio de Franco, puntual. El investigador cree que es muy poco probable que la 'Carabela portuguesa', una de las más peligrosas del mundo, se reproduzca en el Mediterráneo. «Lo normal es que se trate de ejemplares que han entrado desde el Atlántico a través del Estrecho de Gibraltar impulsados por las corrientes de aire; como no ha hecho demasiado calor, han llegado hasta el litoral murciano, pero es casi seguro que terminen muriendo sin reproducirse porque precisan otras condiciones».
La probabilidad de que esta peligrosa especie, que llevaba casi dos décadas sin dejarse ver por el Mediterráneo hasta el pasado verano, colonice en aguas tan cálidas, es casi nula, pero los científicos no la descartan del todo. «Hasta ahora nunca ha ocurrido, pero con el cambio climático no podemos desechar del todo esa hipótesis», admiten en el Centro Oceanográfico de Murcia.
Igual que no es mortal, la 'Carabela portuguesa' tampoco es en realidad una medusa. Aunque es gelatinosa y pica, en realidad se trata de otro tipo de organismo llamados 'sifonóforos' (Siphonophora), una orden de 'cnidarios hidrozoos' que forman colonias flotantes.

Al César lo que es del César, y al Cristo lo que es del Cristo

La Verdad
Para pedir la retirada del Cristo, el abogado José Luis Mazón alegó primero que el monumento era del Estado, y después que el castillo lo había heredado de un particular, pero los informes dicen otra cosa
La Administración del Estado se adueñó en 2006 del Castillo de Monteagudo, pero excluyó expresamente el monumento del Sagrado Corazón

Estas dos circunstancias -el precedente de la imagen y el que el Estado no responda por ella- abren un interesante debate justo cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tramita la petición del abogado José Luis Mazón de que se retire el símbolo religioso porque ocupa un espacio público. En contra de lo que argumentó inicialmente este letrado -cuando se dirigió en febrero al Ministerio de Economía y Hacienda-, la escultura no está a nombre de la Administración estatal.
Para abundar en este apasionante periplo patrimonial conviene reseñar que el Estado ha intentado en varias ocasiones desprenderse o traspasar el famoso cabezo. El Consistorio murciano sigue abierto a un posible convenio con el Servicio de Patrimonio del Estado para hacerse con la propiedad, pero no como una cesión temporal. En los últimos años, las negociaciones han sido infructuosas y el Ministerio de Hacienda parece dispuesto a enajenar el monte o cederlo al de Cultura. Quien se lo quede, debe acarrear con los gastos de conservación y rehabilitación del castillo y su entorno, lo cual no resulta atractivo en plena crisis económica y puede tener un efecto disuasorio. Al menos, un compás de espera. Pese a lo que figura en varios documentos, el Ayuntamiento considera que el Estado es también el dueño del monumento.
Intentos del Obispado
El Obispado de Cartagena, por su parte, intentó en 1999 hacerse con la propiedad de los terrenos y del Cristo, argumentando que la imagen fue levantada por el Apostolado de la Oración y la Compañía de Jesús, aunque, al parecer, no llevó el caso hasta los tribunales. Tampoco pudo acreditar con papeles que fuera el dueño, más allá de la voluntad expresada en el siglo XIX por María Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, de cederlo a la Iglesia Católica. Y aquí empieza lo más llamativo de la historia.
En la jerga urbanística se alude al 'suelo' y al 'vuelo' de una propiedad. En este caso hay un monumento religioso que no pertenece al Estado. Y que lleva en el sitio ochenta años antes de que el Patrimonio Nacional se adueñara de un inmueble que carecía de dueño, después de una larga investigación: 3.878 metros cuadrados que acogen las ruinas del castillo y otros 8.807 metros cuadrados de la falda del cabezo. El Estado se hizo con unos terrenos sobre el que ya existía un símbolo religioso. Y no al contrario. ¿Si el Cristo no es del Estado, quién lo debería retirar en el caso de que el TSJ de Madrid le diera la razón a José Luis Mazón? ¿El propio Estado? ¿Se trata acaso de un matiz menor, ya que la cuestión de fondo es que la imagen religiosa está ahora sobre un espacio público? Son preguntas que se hacen algunos expertos consultados por este diario.
Todo, menos el Cristo
Si la intención del Ministerio de Hacienda era corregir 150 años de ruina y abandono del castillo, no ha cumplido con esa obligación. Se lo queda, pero no lo conserva, según el Ayuntamiento de Murcia, que señala que el Estado no ha invertido un euro en ese cometido. Sí lo ha hecho el Gobierno regional -según los gastos que certificó en 2003-, que en teoría es el que menos 'vela tiene en este entierro'.
Según la información obtenida por 'La Verdad' del Gobierno central, del Ayuntamiento de Murcia, del Registró de la Propiedad número 1 de Murcia y de la Diócesis, en el expediente de inscripción de las dos parcelas de Monteagudo a favor de la Administración General del Estado se señala expresamente que queda excluido el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, de 14 metros de altura y situado en el recinto del castillo.
Probablemente se guió por la máxima de que 'al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios'. Hacienda dedujo que era un bien religioso que no le pertenecía, pero que debía respetar y dejar al margen de las tribulaciones patrimoniales, ignorando que cuatro años después entraría Mazón en escena. Esta exclusión tan sumarial choca con la reclamación que este letrado -miembro de la Asociación Preeminencia del Derecho- dirigió al Ministerio de Hacienda, por ser el Estado «el propietario del citado monte, castillo y estatua de confesión religiosa», tal y como figura en dos escritos de 4 y 15 de febrero.
El Estado no heredó
Los demandantes omitieron después la vinculación patrimonial del Estado con el monumento cuando formalizaron su recurso ante el TSJ de Madrid. Hicieron constar que se hacía «un uso inconstitucional de una propiedad especial del Estado como es el Castillo de Monteagudo, sobre el cual existe una monumental estatua del fundador del cristianismo ubicado en tiempos del franquismo más duro». Seguidamente, señalan que la Administración General del Estado «es la propietaria del castillo, propiedad que recibió por herencia de un particular».
Pero los datos que figuran en algunos expedientes administrativos, entre ellos en el Registro de la Propiedad número 1, ofrecen una lectura diferente sobre esa supuesta herencia, que al parecer no es tal. Tras una investigación iniciada en 2004, a raíz de una propuesta de la Delegación de Economía y Hacienda, se concluyó dos años después que el Castillo de Monteagudo «es un inmueble que carece de dueño, perteneciendo, por tanto, a la Administración General del Estado» conforme a la ley de 2003 sobre el Patrimonio de la Administraciones Públicas.
Básicamente, lo que se hizo fue dar un salto registral de 1877 al 2006. Parece que no fue una herencia, como dice Mazón, sino que se inscribió a favor del Estado la cima y la falda del castillo que estaban desde 1877 a nombre de Antonia Fernández de Córdoba, marquesa de Espinardo, después de un largo proceso en el que se dio audiencia a todas las partes, incluido a un descendiente directo en cuarto grado.
Cederlo a la Iglesia
Cuando el Estado inició en 2004 el expediente para hacerse con la propiedad del castillo, este heredero de la marquesa notificó que la voluntad familiar siempre había sido la de ceder la propiedad a la Iglesia Católica, y que los terrenos nunca formaron parte del lote de la herencia familiar.
Lo que hizo el Estado fue retomar y ampliar un expediente anterior que había iniciado en 1965 y concluido en 1990, sobre el cual la titularidad catastral figuraba a nombre de la Compañía de Jesús y del Ayuntamiento de Murcia, aunque no figuraba en el Inventario de Bienes de la Corporación. En ambos casos se denegó la incripción. Asimismo, el Apostolado de la Oración intentó hacerse con la titularidad basándose en que había levantado el monumento.El Estado sostuvo que la titularidad catastral no supone una prueba de la propiedad.
Obró de por medio una denuncia sobre los 150 años de abandono del castillo; así como una petición del Obispado de Cartagena para que se detuviera la investigación patrimonial. La Diócesis reclamó en el año 2000 la propiedad por prescripción, alegando que habían transcurrido más de 30 años sin que apareciera un dueño. Fue bajo el mandato de monseñor Ureña, pero no pudo presentar pruebas ni título para demostrar la voluntad primaria de Antonia Fernández de Córdoba y al parecer tampoco acudió a los tribunales ordinarios.
Buscando al dueño
El Ayuntamiento, por su parte, comunicó en 2004 que los terrenos no eran propiedad municipal, aunque luego mostró su interés por negociar un convenio con Hacienda para hacerse con todo el lote, Cristo incluido, compartiendo los gastos de conservación.
Siguiendo el rastro del expediente, se consultó a los dueños de las fincas colindantes y a la duquesa de Medina Sidonia, que dijeron no conocer al titular. Ningún heredero reclamó el inmueble y ningún vecino se interpuso después cuando el Estado colgó sus intenciones en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. El castillo pasó a manos de Hacienda por abandono, y ahí sigue. Con la talla del Cristo encima, que no tiene dueño particular pero que mueve montañas de fe.
El monumento al Cristo de Monteagudo tiene una legión de fieles, pero no tiene un dueño conocido. Según los papeles, no es del Estado. Sí se sabe que es un bien de la comunidad levantado por el Apostolado de la Oración. El Sagrado Corazón de Jesús, construido en 1926 y vuelto a edificar en 1951, vigila la huerta de Murcia ochenta años antes de que el Estado consiguiera inscribir a su nombre el promontorio sobre el que se asienta el castillo árabe. Y encima de éste, el monumento religioso que el abogado José Luis Mazón quiere retirar. Hacienda lo registró en 2006 tras demostrar que el montículo carecía de dueño, pero excluyó expresamente de su flamante titularidad a la gigantesca escultura del Cristo. Al César lo que es del César...

VALOR DEL CASTILLO
72.632euros... con 32 céntimos. Es el valor que le otorga el Servicio Regional de Patrimonio del Estado a las dos fincas de 3.878 y 8.807 metros cuadrados situadas en la cima y la falda del montículo, incluidas las ruinas del castillo árabe. Otra cosa es el valor real de mercado. ¿Pero quién lo compra?
UN LARGO PROCESO
1877. Antonia Fernández de Córdoba es dueña del promontorio de Monteagudo. Sus herederos señalan que la voluntad familiar era ceder el castillo y los terrenos circundantes a la Iglesia Católica.
1965-1990. El Estado inicia los trámites para reclamar el bien patrimonial, considerando su situación de abandono y la ausencia de un titular, ya que el cabezo no formaba parte de la herencia familiar.
1990-2000. El Apostolado de la Oración, la Compañía de Jesús y el Obispado de Cartagena reclaman la propiedad, incluido el monumento del Cristo que se reedificó en 1951. No pudieron demostrar documentalmente que Fernández de Córdoba o sus descendientes les cediesen la propiedad.
2004. Hacienda retoma el expediente para que el castillo pase al patrimonio del Estado. Después de dos años de investigación determina que el inmueble carece de dueño. El Obispado pide sin éxito la propiedad, aunque no recurre a los tribunales, y el Ayuntamiento dice que no es suyo.
2006. El castillo y sus alrededores pasan al Estado, excluyendo expresamente el monumento al Sagrado Corazón de Jesús.

El Obispado exige una mayor vigilancia ante los repetidos saqueos en iglesias

El último caso, ayer mismo, fue la parroquia de La Hoya, de donde se llevaron un lampadario y el dinero de otro
04.05.10 - 00:32 -
M. D. V. / A. N. / T. M. M. MURCIA. / La Verdad

Hacen caso omiso del séptimo mandamiento. Ayer le tocó el turno a la iglesia de la pedanía lorquina de La Hoya. El domingo le llegó la hora al templo de San Pedro en Espinardo. Cada día son más las parroquias que se suman a la lista de los saqueadores. El Obispado observa con cierta preocupación estos casos y reclama una mayor vigilancia contra estos ladrones sin miedo al pecado.
Los fieles de la iglesia de la pedanía lorquina de La Hoya desayunaron ayer con la noticia de que los cacos habían entrado por la fuerza en su templo. ¿El objetivo? Hacerse con lo que pillaran a su paso. Como suele ser habitual, un botín escaso. «Gracias a Dios no se han llevado el sagrario. Han robado el dinero de un lampadario y otro se lo llevaron íntegro, porque al parecer trataron de abrirlo y no pudieron», explicaba ayer a 'La Verdad' el vicario episcopal, José Antonio Abellán.
No es la primera iglesia de la Región que ha sufrido robos de este tipo. En lo que va de año, también se han sumado a esta lista negra la iglesia mayor de Santiago de Jumilla, la de Santa Gertrudis en Lorca, la ermita del Garrobillo en Águilas, la de Espinardo en Murcia...
Una oleada de robos que José Antonio Trigueros, presidente del Cabildo catedralicio y deán de la Catedral de Murcia, achaca a la «descomposición que vivimos en España», con la falta de empleo, y a la inmigración irregular. «Todo esto empezó con lo de 'papeles para todos'», recalca. «Eso ha sido un desmadre muy difícil de controlar». El remedio, entiende Trigueros, se encuentra en «poner más orden y más vigilancia». El presidente del cabildo catedralicio hizo un llamamiento, además, para «crear un ambiente más sano entre las personas». 'La Verdad' trató ayer, sin éxito, de ponerse en contacto con el obispo, José Manuel Lorca Planes, para conocer su opinión sobre el tema.
«Suelen ser robos pequeños»
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado recalcan, sin embargo, que este tipo de robos no está sufriendo un aumento «reseñable» en los últimos meses. Al menos, no los que llegan a sus manos. «A menudo son robos muy pequeños, veinte euros del cepillo, y por eso nunca se llegan a denunciar», sostiene un portavoz de la Guardia Civil de Murcia. Su visión es compartida también desde el Cuerpo Nacional de Policía. «Suelen ser robos pequeños y se producen más en pueblos y en zonas de ámbito rural», explica un portavoz de la Policía Nacional.
El 90% de los autores de estos robos son, según fuentes policiales, delincuentes comunes. Las iglesias son objetivos golosos para este tipo de cacos, ya que, en muchos casos, la seguridad de puertas y ventanas es algo deficiente. «Normalmente no hay una vigilancia específica en estas iglesias o ermitas. A menudo la gente que lleva la iglesia está en las dependencias interiores cuando se comete el robo», explican desde la Policía Nacional. «Son robos sencillos porque se aprovechan de un ámbito de confianza».
Aunque rápidos, estos cacos no suelen ser demasiado profesionales. Pese al amplio patrimonio que poseen las iglesias de la Región, la mayoría de robos suelen ser bastante humildes. «Es infrecuente el robo de patrimonio. Hace años que no se dan casos importantes», explican desde la Policía Nacional. «La mayoría de estos ladrones desprecian lo que más vale y se llevan lo que más brilla».
Cuando se produce un robo en una parroquia las pesquisas policiales siguen dos caminos diferentes. Por un lado, se abre una investigación por el robo, que conduce la Policía Judicial, con sus toma de declaraciones, inspección ocular... Por otro lado, comienza una investigación sobre protección del patrimonio que llevará Guardia Civil o Policía Nacional, según sus competencias. Ésta tratará de controlar los canales de venta -en los que se pueden vender el material robado- o el catálogo de bienes. «No son objetos fáciles de vender».
La ermita de Santa Cruz, en la pedanía murciana de Sangonera la Verde, aún no ha podido reponer las tallas religiosas que una banda de ladrones de arte le robaron hace una década. La fe de muchos de sus vecinos les ha llevado, sin embargo, a rascarse el bolsillo y a comprar sus propias tallas. «Aquí no se ha sabido nada de qué pasó con eso», confesaba ayer una vecina de las viviendas más cercanas. «Yo porque no me lo puedo permitir, pero hay vecinos que han comprado un San José, una Virgen...». Su fe les sirve de arma contra estos ladrones sacrílegos.

El perito judicial desinfla el 'caso de la permuta' que llevó al alcalde de Torre Pacheco a prisión

El arquitecto García Herrero avala la valoración que el Ayuntamiento hizo de una parcela municipal que cedió a Polaris World
04.05.10 - 00:43 -
RICARDO FERNÁNDEZ rfernandez@laverdad.es MURCIA.

El denominado 'caso de la permuta', que en abril del 2008 determinó el ingreso en prisión del alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid, y del arquitecto técnico municipal Ramón Ángel cabrera, empieza a quedarse con menos fuerza que una gaseosa desbravada. Y eso que desde hace bastantes meses tenía ya bien poco gas. Un informe pericial imparcial, encargado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Javier al arquitecto Antonio García Herrero, viene a avalar la valoración que el Ayuntamiento pachequero realizó de una parcela municipal que fue entregada a la promotora Polaris World, a cambio de otro terreno y, con ello, deja sin apenas argumentos la postura de la Fiscalía, que mantenía que el municipio había salido perjudicado en cinco millones de euros con esa operación.
El ingreso en prisión del alcalde y del técnico municipal fue decidido el 3 de abril del 2008 por el juez Salvador Calero, quien apenas una semana antes se había hecho cargo del Juzgado número 4 como sustituto de la titular, Aránzazu Moreno, quien se encontraba de baja y que tenía abiertas esas diligencias desde un año antes. La medida fue adoptada en base a un informe, elaborado a instancias del Ministerio Fiscal por la arquitecta jefe de la Delegación de Hacienda de Murcia, María Pilar Fontela, según el cual la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento pachequero y la firma Polaris World habría sido gravemente perjudicial para las arcas municipales.
En concreto, el 'trueque' de terrenos que dieron origen a este asunto se acometió en los primeros meses del 2007. La firma promotora, que tenía interés en construir un campo de prácticas para golf junto a su resort Mar Menor, ofreció al Consistorio una parcela rústica de 53.033 metros cuadrados a cambio de una parcela municipal, calificada como dotacional (uso deportivo), de 34.834 m2.
El arquitecto técnico Ramón Ángel Cabrera valoró el terreno municipal en 2.887.277 euros y el de Polaris World en 2.428.946 euros. Así, la permuta se cerró, de forma en apariencia justa, con una compensación en metálico de 455.331 euros por parte de la compañía inmobiliaria.
La Fiscalía intuía, sin embargo, que tal valoración no se adaptaba a la realidad y que el Ayuntamiento había salido muy perjudicado. Las sospechas cobraron forma cuando le encargó un informe a la citada María Pilar Fontela y ésta fijó el valor de la parcela municipal en 6.006.700 euros y el de los terrenos de Polaris World en apenas 468.000 euros. Con lo cual las arcas públicas habrían perdido en torno a cinco millones de euros en la operación.
Curiosamente, la perito advertía en su escrito que «mi titulación no resulta la más idónea para valorar fincas de naturaleza rústica, si bien, dada mi experiencia en la tasación inmobiliaria, me permito emitir este informe de valoración» y, algo no menos llamativo, indicaba que «es difícil encontrar ofertas de suelo para equipamiento deportivo (dotacional), por lo cual analizaremos el coste del suelo partiendo del uso residencial». Esto es, equiparaba el valor del suelo dotacional con el residencial y fijaba el precio del metro cuadrado en 1.900 euros/m2.
El fiscal presentó el informe en el juzgado, el juez Calero citó a declarar al alcalde y al arquitecto municipal y acabó ordenando el ingreso en prisión de ambos por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Un mes permanecieron en prisión, hasta que la Audiencia Provincial estimó los recursos presentados por los letrados de las defensas y ordenó la excarcelación.
Conclusiones muy distintas
Las dudas sobre la valoración realizada por esta perito empezaron a surgir muy pronto. Así, un informe pericial también incorporado al juzgado, realizado por el técnico José Antonio Planes y ratificado por el jefe del Servicio de Inspección y Valoración Tributaria de la Comunidad Autónoma, Isaac Sanz, cifraba el precio de la parcela municipal en 1.131.163 euros y el de Polaris World en 775.465 euros. Con lo cual, y teniendo en cuenta la compensación en metálico de 455.331 euros por parte de la promotora, ésta todavía habría perdido dinero con el cambio.
Más tarde, un informe pericial, elaborado por el arquitecto Mariano de la Villa Sanz por encargo de la defensa de García Madrid, valoraba la finca municipal en 1.235.05 euros y en 2.133.592 euros el terreno de Polaris, por lo que éste habría perdido 898.537 euros, además de la cantidad en metálico de 455.331 euros.
Ante tamañas discrepancias, el juzgado encargó un nuevo informe al arquitecto Antonio García Herrero, cuyas conclusiones debían de servir para arrojar una luz definitiva al asunto. Pues bien, el análisis de este perito, imparcial por cuanto ha sido designado por el juzgado y no por alguna de las partes del proceso, avala ahora la operación cerrada por el Ayuntamiento de San Javier y asesta un nuevo revés a la teoría del Ministerio Fiscal.
Según el citado experto, el valor de la parcela pública que el Consistorio cedió a Polaris World era de 2,5 millones de euros, en línea con la valoración del arquitecto técnico municipal Ramón Ángel Cabrera, que la cifró en 2.887.277 euros.
Visto desde la perspectiva actual, son diversos los informes técnicos que avalan la actuación del Ayuntamiento pachequero, con el alcalde García Madrid a la cabeza, y sólo uno el que la descalifica. Un único informe que sirvió, sin embargo, para encarcelar al político popular y al técnico en cuyos informes se apoyó.

DISTINTOS INFORMES
Ayuntamiento de T. Pacheco. -Parcela municipal (34.834 m2): 2.887.277 euros -Parcela de Polaris World (53.033 m2): 2.428.946 euros
Arquitecta jefe de Hacienda, Pilar Fontela (perito del fiscal). -Parcela municipal (34.834 m2): 6.006.700 euros -Parcela de Polaris World (53.033 m2): 468.000 euros
Jefe de Valoración Tributaria de la C.A., Isaac Sanz (Perito judicial). -Parcela municipal (34.834 m2): 1.131.163 euros -Parcela de Polaris World (53.033 m2): 775.465 euros.
Arquitecto Mariano de la Villa (Perito de la defensa). -Parcela municipal (34.834 m2): 1.235.055 euros -Parcela de Polaris World (53.033 m2): 2.133.592 euros
Arquitecto Antonio García Herrero (perito judicial). -Parcela municipal (34.834 m2): 2,5 millones euros