El político y su novia volverán a declarar por el dinero enviado a Brasil y las inversiones allí
M. BUITRAGO MURCIA / la Verdad
M. BUITRAGO MURCIA / la Verdad
El proyectado retiro junto a las cataratas del Iguazú quedará en suspenso hasta que el diputado regional y ex alcalde de Totana Juan Morales responda de los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, entre otros, en un juicio oral que se abrirá probablemente en los próximos meses. Según ha podido saber este diario, el sumario que instruye el magistrado del Tribunal Superior de Justicia Julián Pérez Templado está a punto de concluir. Antes de eso, Juan Morales y su compañera sentimental, la súbdita brasileña Vaneide Freita, serán citados a declarar nuevamente para que expliquen las remesas de dinero enviadas a Brasil entre los años 2005 y 2007, hasta que estalló la Operación Totem que puso al descubierto una supuesta trama de corrupción urbanística en esta población.
Mientras que el abogado de Juan Morales sostiene su cliente no tiene propiedades en Brasil, y que el dinero enviado fue para ayudar a dos mujeres; la Fiscalía del TSJ y la Guardia Civil consideran que el ex alcalde ha ocultado en este país parte del patrimonio que ha obtenido de forma ilícita en Totana, y que puede superar los 350.000 euros si se incluyen la casa y el bajo comercial en Iguazú. Parte del dinero supuestamente enviado por Vaneide habría tenido como destinataria a su madre, Nair Dos Santos Freita. Los investigadores consideran que la información facilitada por las autoridades brasileñas, merced a la solicitud de asistencia judicial internacional realizada por el magistrado en marzo pasado, respalda la sospecha de que Juan Morales pudo disimular el dinero que había enviado desde España y que no podía proceder de su novia, porque no tenía ingresos conocidos, ni de la familia de ésta.
«Morales financió»
Como publicó este diario, Juan Morales realizó en el año 2005 dos envíos dinero a Brasil a nombre de su amiga Claudia Rodrigues que sumaban 11.500 euros. El concepto de la transacción era «inicio negocio comercial». Posteriormente, entre los años 2006 y 2007 su novia actual envió 10.900 euros que según la Guardia Civil procedían de Morales. El abogado del diputado explicó que este dinero tenían como finalidad pagar las facturas sanitarias del hijo de Vaneide.
Según el atestado de la Guardia Civil que se envió a las autoridades brasileñas para que aportaran información de los bienes de Morales y Vaneide, esta última declaró que vive en España a expensas del ex alcalde, por lo que el dinero enviado por podía pertenecer a ella. La petición de investigar los bienes abarca también al patrimonio del entorno familiar de Vaneide, entre ellas su madre y una tía.
De comisiones ilegales
Con fecha de marzo pasado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil consideraba que ambos «han promovido la construcción de un edificio en Foz de Iguazú (Paraná), localizado en la avenida Mario Filho, 739. El edificio parece constar de vivienda y un bajo comercail que habrían alquilado para un tercero, tal como se desprende del contrato formalizado por la sociedad JMR Empreendimientos Imobiliàrios. (…) Sí parece claro que debe haber sido Morales quien realmente ha financiado su construcción, tal como se desprende de sus afirmaciones». Se refiere a una conversación telefónica con Claudia Rodrigues Da Costa, a quien Morales «le comenta que ha construido este edificio, que van a alquilar el local comercial y que tiene pensado irse a Brasil cuando se retire después de dejar la vida pública en España». «Por el momento se desconoce la forma cómo Morales habría llevado hasta Brasil los fondos necesarios para afrontar tales inversiones, lo que podía indicar que de haberse llevado se habría hecho omitiendo cauces legales».
¿Blanqueo de capitales?
La instrucción apunta a indicios racionales suficientes y otras evidencias «que ponen de manifiesto que Juan Morales, posiblemente con la colaboración de Vaneide Freita u otras personas de su entorno familiar o personal, pudieran haber ocultado o invertido en Brasil parte de las ganancias obtenidas por la presunta actividad ilícita en España (presunto cobro de comisiones ileagles a cambio de la recalificación de terrenos)».
El magistrado pidió celeridad a las autoridades brasileñas porque la investigación estaba generando «una grave alarma social en España» debido a la condición de aforado. Asimismo informó que Vaneide «tiene una impluicación más leve en los hechos», aunque «podría intentar hacer desaparecer documentoso bienes» que sirvan para probar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
Mientras que el abogado de Juan Morales sostiene su cliente no tiene propiedades en Brasil, y que el dinero enviado fue para ayudar a dos mujeres; la Fiscalía del TSJ y la Guardia Civil consideran que el ex alcalde ha ocultado en este país parte del patrimonio que ha obtenido de forma ilícita en Totana, y que puede superar los 350.000 euros si se incluyen la casa y el bajo comercial en Iguazú. Parte del dinero supuestamente enviado por Vaneide habría tenido como destinataria a su madre, Nair Dos Santos Freita. Los investigadores consideran que la información facilitada por las autoridades brasileñas, merced a la solicitud de asistencia judicial internacional realizada por el magistrado en marzo pasado, respalda la sospecha de que Juan Morales pudo disimular el dinero que había enviado desde España y que no podía proceder de su novia, porque no tenía ingresos conocidos, ni de la familia de ésta.
«Morales financió»
Como publicó este diario, Juan Morales realizó en el año 2005 dos envíos dinero a Brasil a nombre de su amiga Claudia Rodrigues que sumaban 11.500 euros. El concepto de la transacción era «inicio negocio comercial». Posteriormente, entre los años 2006 y 2007 su novia actual envió 10.900 euros que según la Guardia Civil procedían de Morales. El abogado del diputado explicó que este dinero tenían como finalidad pagar las facturas sanitarias del hijo de Vaneide.
Según el atestado de la Guardia Civil que se envió a las autoridades brasileñas para que aportaran información de los bienes de Morales y Vaneide, esta última declaró que vive en España a expensas del ex alcalde, por lo que el dinero enviado por podía pertenecer a ella. La petición de investigar los bienes abarca también al patrimonio del entorno familiar de Vaneide, entre ellas su madre y una tía.
De comisiones ilegales
Con fecha de marzo pasado, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil consideraba que ambos «han promovido la construcción de un edificio en Foz de Iguazú (Paraná), localizado en la avenida Mario Filho, 739. El edificio parece constar de vivienda y un bajo comercail que habrían alquilado para un tercero, tal como se desprende del contrato formalizado por la sociedad JMR Empreendimientos Imobiliàrios. (…) Sí parece claro que debe haber sido Morales quien realmente ha financiado su construcción, tal como se desprende de sus afirmaciones». Se refiere a una conversación telefónica con Claudia Rodrigues Da Costa, a quien Morales «le comenta que ha construido este edificio, que van a alquilar el local comercial y que tiene pensado irse a Brasil cuando se retire después de dejar la vida pública en España». «Por el momento se desconoce la forma cómo Morales habría llevado hasta Brasil los fondos necesarios para afrontar tales inversiones, lo que podía indicar que de haberse llevado se habría hecho omitiendo cauces legales».
¿Blanqueo de capitales?
La instrucción apunta a indicios racionales suficientes y otras evidencias «que ponen de manifiesto que Juan Morales, posiblemente con la colaboración de Vaneide Freita u otras personas de su entorno familiar o personal, pudieran haber ocultado o invertido en Brasil parte de las ganancias obtenidas por la presunta actividad ilícita en España (presunto cobro de comisiones ileagles a cambio de la recalificación de terrenos)».
El magistrado pidió celeridad a las autoridades brasileñas porque la investigación estaba generando «una grave alarma social en España» debido a la condición de aforado. Asimismo informó que Vaneide «tiene una impluicación más leve en los hechos», aunque «podría intentar hacer desaparecer documentoso bienes» que sirvan para probar los delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
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