R. FERNÁNDEZ / J. MOLLEJO MURCIA/ La VerdadSiete millones de euros. Cerca de 1.200 millones de pesetas. Tal es la cuantía total del dinero público que la supuesta trama de corrupción desmantelada este martes por la Guardia Civil, dentro de una amplia operación que llevó a sus agentes a registrar este martes el Ayuntamiento de Librilla y dependencias de la Dirección General de Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma, habría logrado amasar mediante diversos contratos con la administración pública.
Ésa es una de las conclusiones a las que han llegado los especialistas del Grupo de Delincuencia Urbanística, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, que vienen investigando este caso de supuesta corrupción urbanística y administrativa desde abril del 2007, cuando personas cuya identidad no ha trascendido presentaron una denuncia en la Guardia Civil.
Los agentes, que han actuado en todo momento bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, consideran que los funcionarios públicos presuntamente implicados en la trama abusaron de su condición para, en un caso, favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas de su propiedad o dirigidas por socios o testaferros suyos. Y, en otro caso, para informar favorablemente la adjudicación de obra pública a otras empresas, presuntamente a cambio de compensaciones económicas.
Hasta el momento han sido detenidas cinco personas, que constituyen el aparente nucleo duro de la trama de corrupción. Se trata del funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, en excedencia desde junio del año pasado y que fue responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios; su esposa, María Josefa B.B.; el socio de Cano, ingeniero de caminos y administrador único de la empresa Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería (ACADI S.L.), Domingo Cabrera; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés, así como su esposa, Francisca G..
Las dos mujeres habrían colaborado de forma activa en la comisión de los delitos, presuntamente al ofrecer cobertura a sus esposos.
'Operación Biblioteca'
La operación, denominada Biblioteca, parte de la sospecha de que Cano y Cortés, aprovechándose de su calidad de funcionarios públicos, maniobraron para desviar a empresas de su propiedad o de las que eran socios diversos contratos públicos, como algunos correspondientes a asesoramiento técnico o a la elaboración de informes urbanísticos. En otros casos habrían conseguido que la obra pública fuera adjudicada a constructoras de confianza, a cambio de diversas cantidades de dinero que se habrían embolsado. Es aquí donde entra la sociedad Urvisán S.L., radicada en Los Alcázares, que se habría hecho con diversos contratos en Librilla en los últimos años. La sede de la constructora fue registrada ayer por los UCO durante largas horas.
Cinco supuestos delitos
Aunque los datos ofrecidos ayer desde fuentes próximas al asunto explicaron que se estaban investigando los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, La Verdad ha constatado que también se contempla la falsificación de documento público y el blanqueo de capitales.
Los investigadores se muestran satisfechos por el resultado de los nueve registros que fueron practicados anteayer en las dependencias del Ayuntamiento y de la Dirección General de Administración Pública, en la sede de tres empresas y en varios domicilios particulares. La abundante documentación intervenida, tanto en papel como en soportes informáticos, ya está siendo analizada y no se descarta que pueda provocar una ampliación de la operación, bien con la detención de nuevos sospechosos o bien extendiéndose a otras localidades en las que habría podido actuar esa trama.
Los investigadores están convencidos, por los datos obtenidos con las gestiones realizadas desde abril del 2007, de que parte de los contratos logrados por la trama, tanto del Ayuntamiento de Librilla como de la Consejería de Presidencia, son ficticios, no se corresponden con servicios prestados y tendrían por único fin el enriquecimiento personal.
Ésa es una de las conclusiones a las que han llegado los especialistas del Grupo de Delincuencia Urbanística, pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado, que vienen investigando este caso de supuesta corrupción urbanística y administrativa desde abril del 2007, cuando personas cuya identidad no ha trascendido presentaron una denuncia en la Guardia Civil.
Los agentes, que han actuado en todo momento bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, consideran que los funcionarios públicos presuntamente implicados en la trama abusaron de su condición para, en un caso, favorecer la adjudicación de contratos públicos a empresas de su propiedad o dirigidas por socios o testaferros suyos. Y, en otro caso, para informar favorablemente la adjudicación de obra pública a otras empresas, presuntamente a cambio de compensaciones económicas.
Hasta el momento han sido detenidas cinco personas, que constituyen el aparente nucleo duro de la trama de corrupción. Se trata del funcionario de la Consejería de Presidencia José Luis Cano Valverde, en excedencia desde junio del año pasado y que fue responsable del Servicio de Asesoramiento Técnico a Municipios; su esposa, María Josefa B.B.; el socio de Cano, ingeniero de caminos y administrador único de la empresa Asesores de Calidad y Desarrollo de Ingeniería (ACADI S.L.), Domingo Cabrera; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés, así como su esposa, Francisca G..
Las dos mujeres habrían colaborado de forma activa en la comisión de los delitos, presuntamente al ofrecer cobertura a sus esposos.
'Operación Biblioteca'
La operación, denominada Biblioteca, parte de la sospecha de que Cano y Cortés, aprovechándose de su calidad de funcionarios públicos, maniobraron para desviar a empresas de su propiedad o de las que eran socios diversos contratos públicos, como algunos correspondientes a asesoramiento técnico o a la elaboración de informes urbanísticos. En otros casos habrían conseguido que la obra pública fuera adjudicada a constructoras de confianza, a cambio de diversas cantidades de dinero que se habrían embolsado. Es aquí donde entra la sociedad Urvisán S.L., radicada en Los Alcázares, que se habría hecho con diversos contratos en Librilla en los últimos años. La sede de la constructora fue registrada ayer por los UCO durante largas horas.
Cinco supuestos delitos
Aunque los datos ofrecidos ayer desde fuentes próximas al asunto explicaron que se estaban investigando los delitos de prevaricación, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, La Verdad ha constatado que también se contempla la falsificación de documento público y el blanqueo de capitales.
Los investigadores se muestran satisfechos por el resultado de los nueve registros que fueron practicados anteayer en las dependencias del Ayuntamiento y de la Dirección General de Administración Pública, en la sede de tres empresas y en varios domicilios particulares. La abundante documentación intervenida, tanto en papel como en soportes informáticos, ya está siendo analizada y no se descarta que pueda provocar una ampliación de la operación, bien con la detención de nuevos sospechosos o bien extendiéndose a otras localidades en las que habría podido actuar esa trama.
Los investigadores están convencidos, por los datos obtenidos con las gestiones realizadas desde abril del 2007, de que parte de los contratos logrados por la trama, tanto del Ayuntamiento de Librilla como de la Consejería de Presidencia, son ficticios, no se corresponden con servicios prestados y tendrían por único fin el enriquecimiento personal.
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